¿Un (nuevo) golpe mortal a las investigaciones internas corporativas? Comentario a la STS (Sala 2ª) 328/2021, de 22 de abril

Uno de los aspectos más controvertidos en la elaboración de modelos de prevención de delitos es el relativo a la delimitación de la facultad de supervisión, vigilancia y control de la actividad del trabajador reconocida por la normativa laboral a favor de la dirección de empresa. La jurisprudencia s...

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Detalles Bibliográficos
Autor: Gómez Martín, Víctor
Tipo de recurso: artículo
Fecha de publicación:2021
País:España
Institución:Universidad de Barcelona
Repositorio:Dipòsit Digital de la UB
OAI Identifier:oai:diposit.ub.edu:2445/191282
Acceso en línea:https://hdl.handle.net/2445/191282
Access Level:acceso embargado
Palabra clave:Drets fonamentals
Dret a la intimitat
Treballadors
Empresaris
Dret del treball
Civil rights
Right of privacy
Workers
Businessmen
Labor laws and legislation
Descripción
Sumario:Uno de los aspectos más controvertidos en la elaboración de modelos de prevención de delitos es el relativo a la delimitación de la facultad de supervisión, vigilancia y control de la actividad del trabajador reconocida por la normativa laboral a favor de la dirección de empresa. La jurisprudencia social se ha ocupado extensamente de esta cuestión, en particular a propósito de aquellos supuestos en los que, como sucede en el caso que resuelve la STS 328/2021, 22‐4 (Ponente: Excmo. Sr. D. Manuel Marchena Gómez), la dirección de empresa decide despedir a uno de sus empleados con base en información obtenida gracias a la intervención de alguno de los medios productivos utilizados por aquél. Recurrido el despido por eventual vulneración de su derecho fundamental a la intimidad personal y el secreto de las comunicaciones, corresponde a la referida jurisdicción decidir, entonces, si el despido resulta o no procedente en atención a si la prueba aportada como base del mismo es o no nula, en atención al art. 11, 1 LOPJ.