La gestión contractual de los servicios públicos locales

Desde los inicios de los Ayuntamientos democráticos en abril de 1979, los gobiernos locales han venido prestando un número creciente de servicios públicos y contribuido a la consecución de las finalidades del Estado social y a la consolidación de los sistemas locales de bienestar. La tesis revisa la...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Martínez-Alonso Camps, José Luis
Tipo de recurso: tesis doctoral
Estado:Versión publicada
Fecha de publicación:2016
País:España
Institución:CBUC, CESCA
Repositorio:TDR. Tesis Doctorales en Red
OAI Identifier:oai:www.tdx.cat:10803/400013
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/10803/400013
Access Level:acceso abierto
Palabra clave:Serveis públics
Servicios públicos
Public utilities
Estat del benestar
Estado del bienestar
Welfare state
Organismes de l'administració pública
Organismos administrativos
Administrative agencies
Ciències Jurídiques, Econòmiques i Socials
342
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description Desde los inicios de los Ayuntamientos democráticos en abril de 1979, los gobiernos locales han venido prestando un número creciente de servicios públicos y contribuido a la consecución de las finalidades del Estado social y a la consolidación de los sistemas locales de bienestar. La tesis revisa la legislación local y los efectos de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local de 2013, aprobada para adaptar el subsistema local a las exigencias de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, y constata el desapoderamiento competencial de los municipios y el debilitamiento de su posición institucional, pese a lo cual los actores locales muestran su resiliencia en la defensa de la prestación de los servicios públicos que les son propios. Sin negar el interés del debate sobre la disyuntiva de optar por la gestión directa o indirecta, se centra en el análisis teórico y empírico de esta última, plasmada en el contrato de gestión de servicios públicos (CGSP), con sus diferentes modalidades, partiendo de la idea de que lo realmente esencial para el Estado social es el mantenimiento del concepto de servicio público. A partir de la obligada transposición de las Directivas Comunitarias 2014/23 y 24/UE, se aborda la gestión contractual de los servicios públicos en el vigente Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público de diciembre de 2011 y en el Anteproyecto de la nueva Ley de Contratos de Sector Público de octubre de 2015 (ALCSP). Analiza la propuesta del Anteproyecto sobre la desaparición del CGSP, articulada a partir de la sujeción a la concesión de la explotación de servicios públicos en que se transfiera el riesgo operacional al contratista, y la subsunción en el contrato de servicios de aquellos en que no se produzca tal transferencia. Como alternativa a esta subsunción se plantea el mantenimiento del CGSP, en sus modalidades de gestión interesada, concierto y sociedad de economía mixta, y reintroduciendo, de lege ferenda, el arrendamiento, incorporando las exigencias sobre publicidad comunitaria, recurso especial de contratación y demás de la Directiva 24, y actualizando un régimen jurídico que conserva su unidad, imprescindible para garantizar los derechos de los usuarios y la continuidad y regularidad de los servicios públicos en el marco del Estado social. La tesis se cierra con el estudio del efecto directo de las Directivas comunitarias, consecuencia de su falta de transposición antes de la fecha límite de abril de 2016, en un período transitorio de incierta duración. El ALCSP de octubre de 2015 llegó a ser dictaminado por el Consejo de Estado (marzo de 2016), que apreció objeciones esenciales en su planteamiento de la dicotomía entre la concesión de servicios y el contrato de servicios, acogiendo argumentos avanzados en las alegaciones que presenté al Anteproyecto de abril de 2015 y en el artículo que publiqué en octubre siguiente. Sin embargo, el ALCSP no ha podido ser tramitado como proyecto de ley ante las Cortes Generales al hallarse el Gobierno en funciones y no resolverse la investidura gubernamental tras las dos citas electorales de diciembre de 2015 y junio de 2016, lo que, al cierre de esta tesis a inicios de septiembre de 2016, deja abierta la cuestión, a cuyo debate espera contribuir.
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La tesis revisa la legislación local y los efectos de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local de 2013, aprobada para adaptar el subsistema local a las exigencias de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, y constata el desapoderamiento competencial de los municipios y el debilitamiento de su posición institucional, pese a lo cual los actores locales muestran su resiliencia en la defensa de la prestación de los servicios públicos que les son propios. Sin negar el interés del debate sobre la disyuntiva de optar por la gestión directa o indirecta, se centra en el análisis teórico y empírico de esta última, plasmada en el contrato de gestión de servicios públicos (CGSP), con sus diferentes modalidades, partiendo de la idea de que lo realmente esencial para el Estado social es el mantenimiento del concepto de servicio público. A partir de la obligada transposición de las Directivas Comunitarias 2014/23 y 24/UE, se aborda la gestión contractual de los servicios públicos en el vigente Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público de diciembre de 2011 y en el Anteproyecto de la nueva Ley de Contratos de Sector Público de octubre de 2015 (ALCSP). Analiza la propuesta del Anteproyecto sobre la desaparición del CGSP, articulada a partir de la sujeción a la concesión de la explotación de servicios públicos en que se transfiera el riesgo operacional al contratista, y la subsunción en el contrato de servicios de aquellos en que no se produzca tal transferencia. Como alternativa a esta subsunción se plantea el mantenimiento del CGSP, en sus modalidades de gestión interesada, concierto y sociedad de economía mixta, y reintroduciendo, de lege ferenda, el arrendamiento, incorporando las exigencias sobre publicidad comunitaria, recurso especial de contratación y demás de la Directiva 24, y actualizando un régimen jurídico que conserva su unidad, imprescindible para garantizar los derechos de los usuarios y la continuidad y regularidad de los servicios públicos en el marco del Estado social. La tesis se cierra con el estudio del efecto directo de las Directivas comunitarias, consecuencia de su falta de transposición antes de la fecha límite de abril de 2016, en un período transitorio de incierta duración. El ALCSP de octubre de 2015 llegó a ser dictaminado por el Consejo de Estado (marzo de 2016), que apreció objeciones esenciales en su planteamiento de la dicotomía entre la concesión de servicios y el contrato de servicios, acogiendo argumentos avanzados en las alegaciones que presenté al Anteproyecto de abril de 2015 y en el artículo que publiqué en octubre siguiente. Sin embargo, el ALCSP no ha podido ser tramitado como proyecto de ley ante las Cortes Generales al hallarse el Gobierno en funciones y no resolverse la investidura gubernamental tras las dos citas electorales de diciembre de 2015 y junio de 2016, lo que, al cierre de esta tesis a inicios de septiembre de 2016, deja abierta la cuestión, a cuyo debate espera contribuir.Des dels inicis dels Ajuntaments democràtics a l'abril de 1979, els governs locals han prestat un nombre creixent de serveis públics i contribuït a la consecució de les finalitats de l'Estat social i la consolidació dels sistemes locals de benestar. La tesi revisa la legislació local i els efectes de la Llei de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local de 2013, aprovada per adaptar el subsistema local a les exigències d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i constata el desapoderament competencial dels municipis i el debilitament de la seva posició institucional, malgrat la qual cosa els actors locals mostren la seva resiliència en la defensa de la prestació dels serveis públics que els són propis. Sense negar l'interès del debat sobre la disjuntiva d'optar per la gestió directa o indirecta, se centra en l'anàlisi teòrica i empírica d'aquesta última, plasmada en el contracte de gestió de serveis públics (CGSP), amb les seves diferents modalitats, partint de la idea que allò realment essencial per a l'Estat social és el manteniment del concepte de servei públic. A partir de l'obligada transposició de les Directives Comunitàries 2014/23 i 24/UE, s'aborda la gestió contractual dels serveis públics en el vigent Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic de desembre de 2011 i en l'Avantprojecte de la nova Llei de Contractes de Sector Públic d'octubre de 2015 (ALCSP). Analitza la proposta de l'Avantprojecte sobre la desaparició del CGSP, articulada a partir de la subjecció a la concessió de l'explotació de serveis públics en què es transfereixi el risc operacional al contractista, i la subsumpció en el contracte de serveis d'aquells en què no es produeixi aquesta transferència. Com a alternativa a aquesta subsumpció es planteja el manteniment del CGSP, en les seves modalitats de gestió interessada, concert i societat d'economia mixta, i reintroduint, de lege ferenda, l'arrendament, incorporant les exigències sobre publicitat comunitària, recurs especial de contractació i altres de la Directiva 24, i actualitzant un règim jurídic que conserva la seva unitat, imprescindible per garantir els drets dels usuaris i la continuïtat i regularitat dels serveis públics en el marc de l'Estat social. La tesi es tanca amb l'estudi de l'efecte directe de les Directives comunitàries, conseqüència de la seva falta de transposició abans de la data límit d'abril de 2016, en un període transitori d'incerta durada. L’ALCSP d'octubre de 2015 va arribar a ser dictaminat pel Consell d'Estat (març de 2016), que va apreciar objeccions essencials en el seu plantejament de la dicotomia entre la concessió de serveis i el contracte de serveis, acollint arguments avançats en les al·legacions que vaig presentar a l'Avantprojecte d'abril de 2015 i en l'article que vaig publicar a l'octubre següent. No obstant això, el ALCSP no ha pogut ser tramitat com a projecte de llei davant les Corts Generals en trobar-se el Govern en funcions i no resoldre’s la investidura governamental després de les dues cites electorals de desembre de 2015 i juny de 2016, el que, al tancament d'aquesta tesi a inicis de setembre de 2016, deixa oberta la qüestió, al debat de la qual espera contribuir.Universitat de BarcelonaCapo Giol, JordiUniversitat de Barcelona. Departament de Dret Constitucional i Ciència Política201720172016info:eu-repo/semantics/doctoralThesisinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion1056 p.application/pdfapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/10803/400013TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)reponame:TDR. Tesis Doctorales en Redinstname:CBUC, CESCAEspañolADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. 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