La prescripción y caducidad de la acción disciplinaria por parte del Estado como derecho fundamental al debido proceso

La Prescripción y la Caducidad son instituciones de origen romano a través del cual se pueden adquirir las cosas o extinguir las obligaciones derivadas de un contrato y en el caso particular de la acción derivada de ius puniendo, extinguir las acciones contra el imputado en el proceso penal o la acc...

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Detalhes bibliográficos
Autor: Rosario Rubio, Lilián Andrea
Formato: tesis de maestría
Estado:Versión aceptada para publicación
Fecha de publicación:2015
País:Colombia
Recursos:Universidad Libre
Repositorio:RIU - Repositorio Institucional UniLibre
Idioma:español
OAI Identifier:oai:repository.unilibre.edu.co:10901/7518
Acesso em linha:https://hdl.handle.net/10901/7518
Access Level:acceso abierto
Palavra-chave:DERECHO PENAL - COLOMBIA
PRESCRIPCION DEL DELITO
PRESCRIPCION O CADUCIDAD
Descrição
Resumo:La Prescripción y la Caducidad son instituciones de origen romano a través del cual se pueden adquirir las cosas o extinguir las obligaciones derivadas de un contrato y en el caso particular de la acción derivada de ius puniendo, extinguir las acciones contra el imputado en el proceso penal o la acción disciplinaria en el proceso que se adelanta por parte del ente competente en contra de los servidos públicos. En el aspecto subjetivo, especialmente en la acción disciplinaria, se toma como derecho derivado sustancialmente del principio fundamenta al debido proceso, toda vez que se establece como garantía fundamental en favor del disciplinado en la medida que la misma ley procesal amparada en los principios derivados del debido proceso y el derecho a la defensa, establecen en la norma adjetiva, la importancia y utilidad de la institución como garantía sustancial en favor del investigado y a su vez, estableciendo la norma procesal, los términos perentorios que se da al establecimiento para adelantar las respectivas investigaciones y eventuales sanciones contra los funcionarios públicos, razón por la cual debe ser de estricto cumplimiento y que genera como consecuencia la suspensión definitiva de las actuaciones disciplinarias que se adelanten o lleven a cabo en contra del funcionario que ha sido o es investigado.