Sanción penal para funcionarios públicos que transgreden principios constitucionales

Esta investigación se alinea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16: Paz, justicia e instituciones sólidas. El objetivo general fue desarrollar los fundamentos jurídicos para sancionar penalmente a los funcionarios públicos que transgreden principios constitucionales, con los objetivos específi...

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Detalhes bibliográficos
Autor: Sanchez Huarca, Pamela Lizzet
Formato: tesis de maestría
Fecha de publicación:2025
País:Perú
Recursos:Universidad Cesar Vallejo
Repositorio:UCV-Institucional
Idioma:español
OAI Identifier:oai:repositorio.ucv.edu.pe:20.500.12692/162263
Acesso em linha:https://hdl.handle.net/20.500.12692/162263
Access Level:acceso abierto
Palavra-chave:Sanción penal
Transgresión
Principios constitucionales
Prevaricato
Argumentación jurídica
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.02
Descrição
Resumo:Esta investigación se alinea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16: Paz, justicia e instituciones sólidas. El objetivo general fue desarrollar los fundamentos jurídicos para sancionar penalmente a los funcionarios públicos que transgreden principios constitucionales, con los objetivos específicos de identificar las funciones de dichos funcionarios en la aplicación de normas y resolución de conflictos, así como la teoría general del derecho en la argumentación jurídica. La investigación fue de tipo básico, con enfoque cualitativo y diseño de teoría fundamentada. Se realizó un estudio con una población de 50 especialistas, tomando una muestra de 08, a quienes se les aplicó una entrevista. Los resultados señalan la necesidad de reformar el Código Penal para incluir un tipo penal que sancione la vulneración dolosa de principios constitucionales, la insuficiencia del delito de prevaricato para abarcar estas conductas y la falta de capacitación especializada de los operadores de justicia en temas constitucionales. Se concluye que la ausencia de sanciones penales debilita el Estado Constitucional de Derecho, por lo que se recomienda modificar el Código Penal, implementar mecanismos de control y capacitación continua para garantizar el respeto a los principios constitucionales.