"Ponderaciones" judiciales en materia de prueba prohibida y garantías para la nueva investigación en el proceso penal
[ES] Se parte de un breve análisis del status quaestiones de la prueba prohibida en el proceso penal. El art. 11.1 LOPJ y la primera jurisprudencia del Tribunal Constitucional fundamentan la ineficacia de la prueba como exigencia del derecho al proceso con todas las garantías y de la debida pro- tec...
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| Tipo de recurso: | capítulo de libro |
| Fecha de publicación: | 2020 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Rey Juan Carlos |
| Repositorio: | BULERIA. Repositorio Institucional de la Universidad de León |
| OAI Identifier: | oai:buleria.unileon.es:10612/17678 |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/10612/17678 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Derecho Procesal Prueba ilícita Prueba prohibida Exclusiones probatorias Investigación en el proceso penal 5604.01 Funcionarios de Justicia y Procesos Judiciales |
| Sumario: | [ES] Se parte de un breve análisis del status quaestiones de la prueba prohibida en el proceso penal. El art. 11.1 LOPJ y la primera jurisprudencia del Tribunal Constitucional fundamentan la ineficacia de la prueba como exigencia del derecho al proceso con todas las garantías y de la debida pro- tección de los derechos y libertades fundamentales. La doctrina del Tribunal Constitucional ha ido modulando aquella norma en base a excepciones a la disposición legal. La STC 97/2019 de 16 de julio da un decisivo giro en esta materia, en el sentido de desvincular la exclusión probatoria de la vulneración de derechos fundamentales. Esta incertidumbre a la hora de aplicar el art. 11.1 LOPJ genera una enorme inseguridad jurídica si se analizan las posibilidades de investigación a través de medios tecnológicos. En aquella regulación las garantías de legalidad se basan en la virtualidad de los principios rectores, el régimen de la resolución judicial que adopta tales medidas y el régimen de la incorporación al proceso de los datos almacenados. Vista aquella doctrina del TC y esta regulación de las medidas limitativas de los derechos del art. 18 CE, la cuestión es si se está poniendo el proceso penal al servicio de los eventuales intereses de un Estado totalitario. |
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