El interés superior del menor en las últimas reformas llevadas a cabo por el legislador estatal en el sistema de protección a la infancia y a la adolescencia

La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, estableció un marco regulador que garantizaba a los menores una protección uniforme en todo el territorio del Estado, y que sirvió de referencia a l...

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Detalles Bibliográficos
Autor: Núñez Zorrilla, C. (Carmen)|||/items/8801fde7-cacb-48a6-b82d-a11a9eec5c92
Tipo de recurso: artículo
Fecha de publicación:2015
País:España
Institución:Universidad de Navarra
Repositorio:Dadun. Depósito Académico Digital de la Universidad de Navarra
Idioma:español
OAI Identifier:oai:dadun.unav.edu:10171/42677
Acceso en línea:https://hdl.handle.net/10171/42677
Access Level:acceso abierto
Palabra clave:Principio del interés superior del menor
Derecho del menor a ser escuchado
Centros para menores con problemas de conducta
El menor víctima de violencia de género
Protección a la infancia y a la adolescencia
Menor desamparado
Descripción
Sumario:La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, estableció un marco regulador que garantizaba a los menores una protección uniforme en todo el territorio del Estado, y que sirvió de referencia a las Comunidades Autónomas. Pero transcurridos ya 20 años desde la aprobación de la misma, se han producido importantes cambios sociales que afectan a la situación de los menores, que demandan una mejora en sus instrumentos de protección jurídica. Desde el ámbito jurídico, se ha producido una evolución y un cambio sustancial en la forma de concebir la capacidad del niño, que pasa a ser contemplado como un individuo con opiniones propias que habrán de ser atendidas en consonancia con su capacidad y madurez. En este nuevo entorno se modela un nuevo concepto del interés superior del menor, que ha variado en su metodología de interpretación y de aplicación, para adaptarse a las nuevas circunstancias y necesidades sociales. Resultado de este proceso de reforma han sido la entrada en vigor de dos leyes que se han ido tramitando en paralelo: - la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, y – la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.