Memoria histórica y democracia en España: la tensión entre memoria, justicia y olvido, respecto al franquismo
El proceso de transición a la democracia en España, se asentó sobre la reconciliación y una de sus normas clave fue la Ley 46/1977, de Amnistía, que contó con un amplio respaldo parlamentario. La Sentencia del Tribunal Supremo 101/2012, de 27 de febrero, recordó cómo en nuestro ordenamiento, en dete...
| Autor: | |
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| Tipo de recurso: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2022 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Pública de Navarra |
| Repositorio: | Academica-e. Repositorio Institucional de la Universidad Pública de Navarra |
| OAI Identifier: | oai:academica-e.unavarra.es:2454/45229 |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/2454/45229 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Memoria histórica Amnistía España |
| Sumario: | El proceso de transición a la democracia en España, se asentó sobre la reconciliación y una de sus normas clave fue la Ley 46/1977, de Amnistía, que contó con un amplio respaldo parlamentario. La Sentencia del Tribunal Supremo 101/2012, de 27 de febrero, recordó cómo en nuestro ordenamiento, en determinados casos, pese a la posible existencia de hechos delictivos, la responsabilidad penal no puede ser declarada. Entre estos supuestos, se encuentra conforme al artículo 130 del Código Penal, la muerte del reo o la prescripción del delito, y también la amnistía, según estaba previsto en el art. 112.3 del Código Penal de 1973. El Auto del Tribunal Constitucional 80/2021, de 15 de septiembre de 2021, consideró que el derecho consuetudinario internacional es una fuente penal insuficiente por no responder a los principios de lex scripta, praevia y certa. El Proyecto de Ley de Memoria Democrática, que en estos momentos se debate en el Parlamento, pretende dar cobertura al reconocimiento a las víctimas de la Guerra y la Dictadura. Nuestro Estado de Derecho se asienta sobre los principios de legalidad, seguridad jurídica, e irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables, consagrados en el artículo 9.3 de la Constitución. |
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