| Sumario: | La doctrina Tribunal Supremo en materia de estimación de la acción individual de responsabilidad civil contra el administrador ex art. 241 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), se caracteriza, en general, por responder a una política jurídica restrictiva o indulgente a favor de los administradores demandados. Cuando esta acción es ejercitada sobre la base de la infracción del deber de promoción de la disolución y liquidación de la sociedad, entre otros hechos antijurídicos, en función de obtener la condena del administrador a indemnizar el daño causado por el impago de deudas sociales anteriores al acaecimiento de causas de disolución, el Tribunal Supremo exige al demandante, como requisito adicional a los presupuestos ordinarios de nacimiento de la obligación resarcitoria, la realización de un “esfuerzo argumentativo” para la eventual estimación de tales acciones. En este artículo se realizan algunas consideraciones críticas sobre tal doctrina.
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