La responsabilidad del estado ecuatoriano como garantista del principio de la independencia judicial.
La independencia judicial constituye uno de los derechos fundamentales más importantes en los sistemas jurídicos, ya que permite entre otras cosas, el acceso a la justicia y la tutela de los derechos de las personas, por lo que el presente estudio tiene por objetivo general de estudio el de determin...
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| Tipo de recurso: | tesis de maestría |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2023 |
| País: | Ecuador |
| Institución: | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
| Repositorio: | Repositorio Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:repositorio.ucsg.edu.ec:3317/21422 |
| Acceso en línea: | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/21422 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | DERECHO CONSTITUCIONAL TUTELA JUDICIAL EFECTIVA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEBIDO PROCESO SEGURIDAD JURÍDICA |
| Sumario: | La independencia judicial constituye uno de los derechos fundamentales más importantes en los sistemas jurídicos, ya que permite entre otras cosas, el acceso a la justicia y la tutela de los derechos de las personas, por lo que el presente estudio tiene por objetivo general de estudio el de determinar la responsabilidad del Estado ante acciones u omisiones que limitan la correcta aplicación del principio de independencia judicial. Este estudio tiene un enfoque eminentemente cualitativo de tipo no experimental, se aplicaron métodos de investigación jurídica como el exegético, el de construcciones jurídicas y otros propios de la investigación científica a través de los cuales se estableció que el Estado ecuatoriano no ha garantizado la aplicación del el principio de independencia judicial ni institucional, permitiendo la intromisión de otras funciones del Estado en la función judicial, así mismo, la intromisión de la misma función en la potestad jurisdiccional de los administradores de justicia. El estudio realizado permitió evidenciar la necesidad de establecer una regulación normativa que garantice la seguridad jurídica de la ciudadanía y de los juzgadores, que permita, entre otras cosas, el ejercicio del derecho al debido proceso la garantía de la imparcialidad de la administración de justicia. |
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