La ausencia de controles materiales al acto de acusación. Una mirada desde las garantías constitucionales del acusado.
“La acusación como acto de parte no es susceptible de control judicial, pero sí de corrección, aclaración o adición a petición de parte y la posibilidad de darse la ruptura de la unidad procesal por causas diversas a las previstas en el artículo 53 del C.P.P.” Fruto de inmensas contradicciones nace...
| Autor: | |
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| Tipo de recurso: | tesis de maestría |
| Estado: | Versión aceptada para publicación |
| Fecha de publicación: | 2015 |
| País: | Colombia |
| Institución: | Universidad Libre |
| Repositorio: | RIU - Repositorio Institucional UniLibre |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:repository.unilibre.edu.co:10901/9209 |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/10901/9209 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Acto de acusación Controles materiales Derecho a la defensa controls Accusation Judicial Guarantee lawsuits DERECHO PENAL ESCRITO DE ACUSACIÓN DERECHO PROBATORIO SISTEMA PENAL ACUSATORIO CONTROL JUDICIAL Controles Acusación Garantías Juicios |
| Sumario: | “La acusación como acto de parte no es susceptible de control judicial, pero sí de corrección, aclaración o adición a petición de parte y la posibilidad de darse la ruptura de la unidad procesal por causas diversas a las previstas en el artículo 53 del C.P.P.” Fruto de inmensas contradicciones nace la Constitución de 1991 donde se consagran una serie de garantías individuales y colectivas, entre ellas el debido proceso para todo acto en el que se pretenda legítimamente imponer sanciones, cargas o castigos. “Constituye un límite al abuso del poder de sancionar y con mayor razón, se considera un principio rector de la actuación punitiva del Estado y no sólo una obligación exigida a los juicios penales” El sistema penal acusatorio le reconoce al indiciado, imputado y acusado calidad de parte, al que le corresponden unas actuaciones penales de carácter sustantivo y procesal, el debido proceso entendido como un principio constitucional se traduce en la facultad del ciudadano inmerso en una actuación judicial o administrativa a exigir un proceso público y expedito en el cual se reconozcan todas las garantías sustanciales y procesales, desarrollado ante una autoridad competente que actué con independencia e imparcialidad, sin tener en cuenta consideraciones distintas a las previstas en la ley. |
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