La armonización europea de la contratación administrativa en el Estado Español: la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público
La nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público responde a la incorporación en el Derecho interno español de la Directiva del Parlamento Europeo y el Consejo 2014/23/UE, 26 de febrero del 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión, la Directiva 2014/24/UE, 26...
| Autores: | , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2018 |
| País: | Brasil |
| Institución: | Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR) |
| Repositorio: | Revista de Direito Econômico e Socioambiental |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:ojs.periodicos.pucpr.br:article/23466 |
| Acceso en línea: | https://periodicos.pucpr.br/direitoeconomico/article/view/23466 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | contratación administrativa Estado Español Ley 9/2017 contratos del sector público administraciones públicas. |
| Sumario: | La nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público responde a la incorporación en el Derecho interno español de la Directiva del Parlamento Europeo y el Consejo 2014/23/UE, 26 de febrero del 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión, la Directiva 2014/24/UE, 26 de febrero del 2014, sobre contratación pública y por la cual se deroga la Directiva 2004/18/CE y la Directiva 2014/25/UE, 26 de febrero del 2014, relativa a la contratación por entidades que operan en sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE. La nueva legislación supone un cambio de gran calado en la concepción de la contratación pública en el conjunto del Estado Español, debido a su orientación estratégica y su apuesta por la simplificación de trámites, al avanzar en la tramitación electrónica de procedimientos y en la garantía de la efectividad y la eficiencia. Así como, a la introducción generalizada de medidas de control de la corrupción en la tramitación y la adjudicación de los contratos, así como la profesionalización y tecnificación de las funciones de la Mesa de contratación, constituyen una apuesta clara por el retorno y la garantía de la legitimidad de las administraciones públicas. |
|---|