Uniformización de los criterios para determinar el valor referencial en las contrataciones de bienes y servicios de las entidades del Estado

La presente investigación tiene como objetivo general, demostrar la necesidad de uniformizar los criterios para la determinación del valor referencial en las contrataciones de bienes y servicios que realizan las entidades públicas en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. E...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Chang Chu, José Antonio
Tipo de recurso: tesis de maestría
Fecha de publicación:2015
País:Perú
Institución:Universidad Cesar Vallejo
Repositorio:UCV-Institucional
Idioma:español
OAI Identifier:oai:repositorio.ucv.edu.pe:20.500.12692/142763
Acceso en línea:https://hdl.handle.net/20.500.12692/142763
Access Level:acceso embargado
Palabra clave:Base Legal
Criterios de Uniformización
Valor referencial
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02
Descripción
Sumario:La presente investigación tiene como objetivo general, demostrar la necesidad de uniformizar los criterios para la determinación del valor referencial en las contrataciones de bienes y servicios que realizan las entidades públicas en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. El objetivo principal es responder a la pregunta de investigación: ¿Es necesario uniformizar los criterios para determinar el valor referencial en las contrataciones de bienes y servicios en las entidades del Estado?, en los cuales se han utilizado la variables: “base legal” y “criterios de uniformización existentes” Esta investigación utilizó para su propósito, el diseño de teoría fundamentada, el tipo de estudio documental, y el método exegético, que permitieron analizar la base legal existente en materia de contrataciones y adquisiciones del estado, cuyos resultados permiten establecer la existencia de un vacío legal importante que origina la imperiosa necesidad de normar y reglamentar de manera uniforme los criterios a ser utilizados para determinar el valor referencial en las contrataciones de bienes y servicios que realizan las entidades públicas para garantizar la eficiencia y disminuir la corrupción.