Debido procedimiento administrativo y vacancia presidencial según el Tribunal Constitucional Peruano, 2022

El Objetivo: de la tesis fue determinar en qué consiste el debido procedimiento administrativo y cuáles son los requisitos para la vacancia presidencial según el Tribunal Constitucional peruano, 2022. En el Método de la investigación se empleó un enfoque cuantitativo, la población fue de “100” indiv...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Oropeza Bayona, Henry Eduardo
Tipo de recurso: tesis doctoral
Estado:Versión publicada
Fecha de publicación:2024
País:Perú
Institución:Universidad Nacional Federico Villarreal
Repositorio:UNFV-Institucional
Idioma:español
OAI Identifier:oai:repositorio.unfv.edu.pe:20.500.13084/9006
Acceso en línea:https://hdl.handle.net/20.500.13084/9006
Access Level:acceso abierto
Palabra clave:Procesos jurídicos y resolución de conflictos
Debido procedimiento
Vacancia presidencial
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00
Descripción
Sumario:El Objetivo: de la tesis fue determinar en qué consiste el debido procedimiento administrativo y cuáles son los requisitos para la vacancia presidencial según el Tribunal Constitucional peruano, 2022. En el Método de la investigación se empleó un enfoque cuantitativo, la población fue de “100” individuos conformados por funcionarios, servidores, abogados y estudiantes de Derecho y Ciencias Políticas, se ha tomado una muestra de “81” personas. Los Resultados determinaron que el debido procedimiento administrativo es crucial para garantizar el correcto funcionamiento de la administración pública. Sin embargo, el 53% de los encuestados declararon que este principio no se respetó; en el caso de la vacancia presidencial, el 51% de los encuestados manifestaron que no se respetó el debido proceso, es decir, la destitución llevada a cabo por los congresistas de la República del Perú careció de validez jurídica y, por ende, de legalidad constitucional. Arribando a la Conclusión: que en el procedimiento de la vacancia por incapacidad moral no se respetó el debido proceso, entre otros derechos, y tampoco se garantizó la transparencia, que son principios fundamentales según el Tribunal Constitucional. Cabe destacar que dicho tribunal no ha emitido un pronunciamiento claro en relación a la aplicación de la incapacidad moral en el caso del expresidente Pedro Castillo.