Normativas y políticas públicas para el uso de cannabis medicinal y terapéutico en Perú, 2024
El presente trabajo de investigación obedece al 17mo objetivo de desarrollo sostenible pues busca establecer alianzas para lograr los objetivos. El presente informe tiene por finalidad analizar el marco normativo y Políticas Públicas respecto de la aprobación para el uso de cannabis medicinal en Per...
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de recurso: | tesis de maestría |
| Fecha de publicación: | 2024 |
| País: | Perú |
| Institución: | Universidad Cesar Vallejo |
| Repositorio: | UCV-Institucional |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:repositorio.ucv.edu.pe:20.500.12692/160984 |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/20.500.12692/160984 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Ley N.° 30681 Ley N.° 31312 Cannabis medicinal Terapéutico Derecho a la salud https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 |
| Sumario: | El presente trabajo de investigación obedece al 17mo objetivo de desarrollo sostenible pues busca establecer alianzas para lograr los objetivos. El presente informe tiene por finalidad analizar el marco normativo y Políticas Públicas respecto de la aprobación para el uso de cannabis medicinal en Perú, 2024. El estudio es de enfoque cualitativo, diseño fenomenológico, del tipo básica-aplicada, el método utilizado es el inductivo-deductivo, analítico. Los participantes de la investigación fueron 5, 3 abogados especialistas en Derecho Penal, 1 periodista/paciente especialista en cannabis, 1 médico ocupacional con posgrado en cannabis, todos ellos con vasto conocimiento en el tema, a quienes se les aplicó la técnica de la entrevista teniendo como instrumento la guía de entrevista estructurada. Se utilizó la triangulación de las respuestas para la interpretación de los resultados, obteniendo como conclusión que si bien las políticas públicas actuales se enfocan en garantizar el acceso al cannabis medicinal, promoviendo la investigación científica y la formación médica especializada, sin embargo, a pesar de los esfuerzos, se requiere una mayor coordinación entre entidades estatales y actores del sector privado para asegurar una implementación coherente y efectiva, una regulación robusta y políticas públicas bien articuladas para maximizar los beneficios y mitigar los riesgos asociados. |
|---|