Análisis constitucional sobre la regulación del derecho al acceso a internet en el Perú y sus implicancias en las políticas educativas (2023-2024)
La presente investigación analiza las implicaciones constitucionales y prácticas del reconocimiento del derecho al acceso a internet en Perú, establecido por la Ley Nº 31878 de septiembre de 2023, y su relación con las políticas educativas durante el período 2023-2024. Mediante un enfoque cualitativ...
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| Tipo de recurso: | tesis de maestría |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2025 |
| País: | Perú |
| Institución: | Universidad Privada de Tacna |
| Repositorio: | UPT-Institucional |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:repositorio.upt.edu.pe:20.500.12969/4609 |
| Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/20.500.12969/4609 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Derecho al acceso a internet Derechos fundamentales Políticas educativas Desafíos estructurales Interpretación constitucional http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01 |
| Sumario: | La presente investigación analiza las implicaciones constitucionales y prácticas del reconocimiento del derecho al acceso a internet en Perú, establecido por la Ley Nº 31878 de septiembre de 2023, y su relación con las políticas educativas durante el período 2023-2024. Mediante un enfoque cualitativo basado en el análisis documental y entrevistas a expertos, se examina cómo este nuevo derecho constitucional se articula con otros derechos fundamentales, especialmente el derecho a la educación. Los hallazgos revelan que el derecho al acceso a internet se configura como un derecho instrumental y autónomo, con doble dimensión: prestacional y de libertad, cuya implementación efectiva enfrenta desafíos estructurales relacionados con brechas digitales geográficas, socioeconómicas y de capacidades. El análisis de las políticas educativas muestra avances significativos pero insuficientes, con limitaciones presupuestarias y de sostenibilidad. Comparativamente, el modelo peruano comparte elementos del enfoque mexicano en cuanto a reconocimiento expreso, pero carece de la robustez jurisprudencial costarricense y de la institucionalidad especializada que caracteriza a otros países de la región. Se concluye que el reconocimiento constitucional constituye un avance importante que, sin embargo, requiere desarrollos legislativos, jurisprudenciales y de políticas públicas integrales para garantizar su efectividad material, particularmente en el ámbito educativo y para poblaciones históricamente marginadas. |
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