Principio de imputación necesaria en la etapa intermedia y derecho al debido proceso. San Martín, 2023 – 2025

La investigación se asocia al cumplimiento del ODS N.º 16, peculiarmente en la meta 16.3. que busca promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos. Teniendo como objetivo de estudio: Analizar la manera en que el JIP de...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Lucero Reyes, Evelin Patricia
Tipo de recurso: tesis de maestría
Fecha de publicación:2025
País:Perú
Institución:Universidad Cesar Vallejo
Repositorio:UCV-Institucional
Idioma:español
OAI Identifier:oai:repositorio.ucv.edu.pe:20.500.12692/180300
Acceso en línea:https://hdl.handle.net/20.500.12692/180300
Access Level:acceso abierto
Palabra clave:Imputación necesaria
Discrecionalidad judicial
Derecho al debido proceso
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.02
Descripción
Sumario:La investigación se asocia al cumplimiento del ODS N.º 16, peculiarmente en la meta 16.3. que busca promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos. Teniendo como objetivo de estudio: Analizar la manera en que el JIP de la Corte Superior de Justicia de San Martín garantizó el cumplimiento del principio de imputación necesaria en la etapa intermedia, en el marco del derecho al debido proceso, durante el periodo 2023 – 2025, de tipo básica y enfoque cualitativo. Se utilizó la técnica, tanto de entrevista como análisis documental, e instrumento guía de entrevista y guía de análisis documental, teniendo como población a la Corte Superior de Justicia de San Martín, muestra de estudio 10 expertos y 10 expedientes. El principal resultado fue: que el principio de imputación necesaria fue garantizado de manera parcial durante el periodo 2023–2025. Concluyendo que, se establece que el cumplimiento del principio de imputación necesaria era efectivo desde su formulación; pero muy restringido en su aplicación material. Siendo necesario reforzar la especialización de jueces del JIP y fiscales, así como la articulación institucional para llegar a un control de acusación realmente garantista.