El acceso a información reservada por motivos de seguridad nacional en los Estados Unidos. Un balance de la aplicación de la Freedom of lnformation Act
A partir de su entrada en vigor en 1967, la Freedom of Information Act —en español, Ley sobre Libertad de Información (L.L.I. en adelante)— viene siendo en los Estados Unidos la referencia inevitable de cualquier debate sobre la libertad de prensa. Un buen diagnóstico sobre el estado de salud de ést...
| Autor: | |
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| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 1997 |
| País: | Perú |
| Institución: | Pontificia Universidad Católica del Perú |
| Repositorio: | PUCP-Institucional |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:repositorio.pucp.edu.pe:20.500.14657/116182 |
| Acceso en línea: | http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/6104/6110 https://doi.org/10.18800/derechopucp.199701.003 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Derecho https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 |
| Sumario: | A partir de su entrada en vigor en 1967, la Freedom of Information Act —en español, Ley sobre Libertad de Información (L.L.I. en adelante)— viene siendo en los Estados Unidos la referencia inevitable de cualquier debate sobre la libertad de prensa. Un buen diagnóstico sobre el estado de salud de ésta puede realizarse simplemente mediante el examen del grado de cumplimiento de dicha ley por los organismos públicos. Suponiendo que los periodistas y, en general, los ciudadanos se interesan a menudo por información que solo está disponible en tales organismos, la importancia de la L.L.I. radica en haber alterado las reglas sobre el control de la llave de acceso. Antes de la ley, la Administración actuaba a su libre albedrío; después de ella, también lo hace, pero con el albedrío recortado por una ley que busca la publicidad y traslada la decisión última sobre el uso de la llave de acceso desde el ámbito de la Administración al ámbito de los jueces. La cuestión no es aquí la de quién controla a los controladores, sino la del reconocimiento universal del derecho a preguntar y la de la existencia del control. La L.L.I. pretendió ambas cosas cuando fue aprobada por el Congreso en 1966, pero entonces no soplaban vientos favorables para ella. Contemplar el despliegue de la ley en sus años iniciales enseña que la burocracia en los Estados Unidos, como en todas partes, puede dar al traste, si quiere, con los más nobles deseos del legislador. También confirma algo que hemos estudiado —in extenso en otro lugar—: la seguridad nacional es un asunto tan hermético que dejar que los jueces se asomen a él resulta bastante problemático. |
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