Inadecuada aplicación del adelantamiento de la barrera punitiva en el delito de marcaje o reglaje

Dentro del derecho penal, el adelantamiento de la barrera punitiva implicaría un riesgo respecto al derecho fundamental de la “libertad” de la persona. Por lo tanto, el tratamiento de dicha técnica anticipada debe ser profundamente diligente y sobre todo “excepcional”, debiendo aplicarse a conductas...

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Detalles Bibliográficos
Autores: Montañez Fernández, María Isabel, Montañez Fernández María Isabel
Tipo de recurso: tesis de maestría
Fecha de publicación:2024
País:Perú
Institución:Universidad Privada Antenor Orrego
Repositorio:UPAO-Tesis
Idioma:español
OAI Identifier:oai:repositorio.upao.edu.pe:20.500.12759/48651
Acceso en línea:https://hdl.handle.net/20.500.12759/48651
Access Level:acceso abierto
Palabra clave:Barrera de Punibilidad
Marcaje y Reglaje
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00
Descripción
Sumario:Dentro del derecho penal, el adelantamiento de la barrera punitiva implicaría un riesgo respecto al derecho fundamental de la “libertad” de la persona. Por lo tanto, el tratamiento de dicha técnica anticipada debe ser profundamente diligente y sobre todo “excepcional”, debiendo aplicarse a conductas con mayor desviación social. De conformidad con el artículo 317º-A del Código Penal, el delito de marcaje o reglaje se entendería como aquella actuación orientada a la vigilancia, al seguimiento y el acopio de información para la configuración de un ilícito posterior, como pueden ser los “delitos contra la vida”, “el patrimonio”, “delitos contra la libertad personal”, “delitos contra la libertad sexual” entre otros; siendo en consecuencia, un “acto preparatorio” pero sancionado, en otras palabras, un adelanto de la barrera punitiva. En otras palabras, lo que se castiga en este delito es un mero “acto preparatorio”. En consecuencia, la aplicación del adelantamiento de la barrera punitiva en el delito de Marcaje o Reglaje regulado en el art. 317-A del Código Penal resulta inadecuada; toda vez, que pone en evidencia la política sobre-criminal del Estado, pretendiendo castigar actos previos al inicio de la ejecución del delito, en su afán de aparentar una lucha efectiva contra el crimen en nuestro país