Enriquecimiento ilícito por apropiación ilegal de materiales asignados al servicio militar
Objetivo: establecer de qué manera la apropiación ilegal de los materiales asignados al servicio militar influye en el delito de enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos. Método: En cuanto a la metodología, el presente trabajo se encuentra enmarcado bajo el modelo cuantitativo, de tipo d...
| Autor: | |
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| Formato: | tesis de maestría |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2023 |
| País: | Perú |
| Recursos: | Universidad Nacional Federico Villarreal |
| Repositorio: | UNFV-Institucional |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:repositorio.unfv.edu.pe:20.500.13084/6823 |
| Acesso em linha: | https://hdl.handle.net/20.500.13084/6823 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palavra-chave: | Procesos Jurídicos y Resolución de Conflictos Funcionario público Enriquecimiento ilícito Apropiación ilegal Bien jurídico https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 |
| Resumo: | Objetivo: establecer de qué manera la apropiación ilegal de los materiales asignados al servicio militar influye en el delito de enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos. Método: En cuanto a la metodología, el presente trabajo se encuentra enmarcado bajo el modelo cuantitativo, de tipo descriptivo y explicativo. Como población se tomó en consideración 40 funcionarios, distribuidos en 20 Jueces y 20 Fiscales de Lima Metropolitana. Resultados: al indagar sobre las características del enriquecimiento ilícito, las personas encuestadas respondieron en un 80% en la opción “totalmente de acuerdo”. Conclusiones: La apropiación ilegal de los materiales asignados al servicio militar influye en el enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos, ya que se da una transformación verificada unilateralmente por el agente, en el título posesorio de dinero, cosas muebles, propiedad ilegítima, entre otros, resultado de la deliberada incorporación de aquellos al propio patrimonio. Aunado a ello, en referencia a la autonomía de la jurisdicción militar, se evidenció que esta es independiente, puesto que, en la constitución política del 1993, se establece de manera clara en el capítulo XII, referido a la seguridad y defensa Nacional. Por otro lado, al señalar las consecuencias socio-jurídicas, se pudo comprobar que los delitos cometidos por los funcionarios públicos de enriquecimiento y apropiación ilícita, traen consigo jurídicamente sanciones como pena privativa de libertad, no menor de cinco ni mayor de diez años. Por otro lado, socialmente, causa distorsión del sistema económico, y, sobre todo, un grave deterioro de la moral social. |
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