Análisis critico del marco legal que regula la capacitación en las Instituciones de Educación en México
En México para 1978, el legislador elevó a rango constitucional la capacitación y el adiestramiento como un derecho social en el que el patrón es la obligada a cumplirlo. Se ha reconocido que esta obligación más que ser un gasto para la parte patronal, se convierte en un elemento para lograr product...
| Autor: | |
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| Formato: | tesis de maestría |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2001 |
| País: | México |
| Recursos: | Universidad Autónoma de Querétaro |
| Repositorio: | Repositorio Institucional de la Universidad Autónoma de Querétaro |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:ri-ng.uaq.mx:123456789/5702 |
| Acesso em linha: | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/5702 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palavra-chave: | Capacitación Adiestramiento Patrón |
| Resumo: | En México para 1978, el legislador elevó a rango constitucional la capacitación y el adiestramiento como un derecho social en el que el patrón es la obligada a cumplirlo. Se ha reconocido que esta obligación más que ser un gasto para la parte patronal, se convierte en un elemento para lograr productividad óptima y un rendimiento efectivo de los trabajadores. Específicamente, en las instituciones de educación superior, este rubor reviste particularidades, así en el caso de la capacitación y adiestramiento de los catedráticos de dichas instituciones, sus exigencias rebasan las de un curso de costo menor, pues se traducen en diplomados, posgrados, según sea el caso, lo que representa una mayor complejidad y alto costo para la institución. Este trabajo de investigación pretende demostrar que efectivamente la capacitación y el adiestramiento constituyen una inversión a futuro para el patrón y un beneficio para el trabajador. El argumento en el que se basa la parte patronal sobre los altos costos que implica cumplir con tal obligación, -al menos en las instituciones de educación superior- es derribado toda vez que son ellas las que cuentan con los mejores recursos tanto humanos como materiales para cumplir sin que ello implique un gasto estratosférico. Al mismo tiempo, no debemos dejar de mencionar que las actuales políticas públicas en materia de educación obligan a las instituciones a mejorar su planta docente, a cambio de incrementar sus ingresos presupuestales. Es decir, a mayor capacitación y adiestramiento, será superior la derrama presupuestaria otorgada a cada institución pública por parte de la SEP y el consecuente beneficio para el trabajador académico que se traduce en un incremento real de su ingreso. |
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