Derecho a la ciudad y megaproyectos urbanos en la Ciudad de México: el escrutinio ciudadano en la orientación privada del proyecto Corredor Cultural Chapultepec - Zona Rosa

Se recupera la noción “derecho a la ciudad” para discutir la acción colectiva en torno a los grandes proyectos urbanos en la Ciudad de México. Se argumenta que la gestión urbana se ha transformado al “concesionar” el espacio público a empresas privadas para el desarrollo de actividades comerciales,...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Jesús Carlos Morales Guzmán
Tipo de recurso: artículo
Estado:Versión publicada
Fecha de publicación:2017
País:México
Institución:Universidad de Guanajuato
Repositorio:Repositorio Institucional de la Universidad de Guanajuato
Idioma:español
OAI Identifier:oai:repositorio.ugto.mx:20.500.12059/1127
Acceso en línea:http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1127
Access Level:acceso abierto
Palabra clave:info:eu-repo/classification/cti/5
Derecho a la ciudad
Gestión urbana
Megaproyectos
Escrutinio ciudadano
Rendición de cuentas social
Descripción
Sumario:Se recupera la noción “derecho a la ciudad” para discutir la acción colectiva en torno a los grandes proyectos urbanos en la Ciudad de México. Se argumenta que la gestión urbana se ha transformado al “concesionar” el espacio público a empresas privadas para el desarrollo de actividades comerciales, por medio de una agencia de promoción inmobiliaria, nuevas figuras legales y de actuación “paralelas” a la legislación vigente; lo que ha implicado una disminución de la participación de los ciudadanos en el diseño e implementación de las políticas urbanas. Se analiza el proyecto Corredor Cultural Chapultepec-Zona Rosa (CCCH-ZR) como un proceso de “escrutinio ciudadano” que, a través de movilizaciones y protestas institucionales, ha denunciado el carácter privatizador y comercial del proyecto, haciendo evidente los límites de la consulta pública como mecanismo para decidir sobre la intervención del espacio urbano; dicho escrutinio puede incidir en la demanda de información pública y rendición de cuentas social como elementos necesarios, más no suficientes, para avanzar en la construcción colectiva del derecho a la ciudad.