La inseguridad jurídica en los contratos administrativos

"La finalidad del Estado Mexicano, consiste en garantizar los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Federal. Educación, seguridad social, impartición de justicia, son algunos de los derechos humanos que deben ser protegidos por quienes representan al Gobierno Mexicano. Para el...

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Detalles Bibliográficos
Autor: Vela Hernández, Mauricio
Tipo de recurso: tesis de maestría
Estado:Versión publicada
Fecha de publicación:2021
País:México
Institución:Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Repositorio:Repositorio Institucional de Acceso Abierto RIAA-BUAP
Idioma:español
OAI Identifier:oai:repositorioinstitucional.buap.mx:20.500.12371/15929
Acceso en línea:https://hdl.handle.net/20.500.12371/15929
Access Level:acceso abierto
Palabra clave:CIENCIAS SOCIALES
Contratos públicos--México
Contratistas--Condición jurídica, leyes, etc.
Contratos de obras--Leyes y legislación--México
Derecho--Lenguaje
Contratos administrativos
Descripción
Sumario:"La finalidad del Estado Mexicano, consiste en garantizar los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Federal. Educación, seguridad social, impartición de justicia, son algunos de los derechos humanos que deben ser protegidos por quienes representan al Gobierno Mexicano. Para el cumplimiento de lo anterior, el Estado requiere de la contratación con personas del sector privado, para la prestación de servicios y la compra de diferentes bienes. La presente investigación servirá para determinar la teoría correcta de la normativa que regula los contratos administrativos en el ámbito federal. Es decir, para que la norma cumpla con los requisitos indispensables de la seguridad jurídica como claridad, coherencia y posibilidad de cumplimiento, debe adoptar una doctrina y teoría correcta para la redacción de su contenido. Este proyecto beneficiará directa e indirectamente a todos los gobernados de los Estados Unidos Mexicanos. De forma directa a aquellos contratistas o proveedores que pretendan contratar con el Estado Mexicano; más aún, cuyos contratos están en puerta de su celebración, e indirectamente con el resto de las personas que habitan en el país; ello, en razón de que las contrataciones del Estado Mexicano con el particular, tienen siempre como objetivo el salvaguardar los derechos consagrados en la Constitución Federal".