La (figurada) responsabilidad patrimonial del Estado derivada de los daños provocados por la Administración de justicia. La necesaria revisión de un sistema notoriamente insatisfactorio.
Pese a que la Constitución Española proclama el derecho a obtener una indemnización a cargo del Estado por los daños causados por error judicial o por el funcionamiento anormal de la administración de justicia, la de ciente regulación legal obliga al ciudadano a iniciar un largo y costoso periplo ad...
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2016 |
| País: | España |
| Institución: | Varias* (Consorci de Biblioteques Universitáries de Catalunya, Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya) |
| Repositorio: | Recercat. Dipósit de la Recerca de Catalunya |
| OAI Identifier: | oai:recercat.cat:2445/218242 |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/2445/218242 |
| Access Level: | acceso embargado |
| Palabra clave: | Danys i perjudicis Responsabilitat patrimonial de l'administració Damages Patrimonial liability of the administration |
| Sumario: | Pese a que la Constitución Española proclama el derecho a obtener una indemnización a cargo del Estado por los daños causados por error judicial o por el funcionamiento anormal de la administración de justicia, la de ciente regulación legal obliga al ciudadano a iniciar un largo y costoso periplo administrativo y judicial para obtener el efectivo reconocimiento a su derecho. Si la regulación legal es de ciente, su aplicación práctica ha sido aún más decepcionante. El Tribunal Supremo sólo reconoce el error judicial cuando se trata de casos verdaderamente límite. Respecto del funciona- miento de la administración de justicia, su aplicación ha quedado asimismo restringida a algunos escasos supuestos, que no se corresponden con la multitud de casos que se producen en la práctica. Los datos sobre las escasas reclamaciones efectuadas durante el último año evidencian de forma clara el rotundo fracaso del sistema. Por ello se propone una completa revisión del sistema hoy vigente que permita hacer efectivo el principio general de que quien sufra un daño por el funcionamiento del administra- ción de justicia, deba ser reparado. |
|---|