Prohibicionismo suave para abordar el trabajo sexual callejero: ordenanzas cívicas y ley mordaza
En España el ejercicio del trabajo sexual no se encuentra regulado. Aunque en el plano político ha triunfado el modelo neoabolicionista que, identificando trata de seres humanos y prostitución, sanciona conductas de explotación de la prostitución y de consumo de servicios sexuales, normativamente di...
| Autor: | |
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| Tipo de recurso: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2020 |
| País: | España |
| Institución: | Varias* (Consorci de Biblioteques Universitáries de Catalunya, Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya) |
| Repositorio: | Recercat. Dipósit de la Recerca de Catalunya |
| OAI Identifier: | oai:recercat.cat:10459.1/70137 |
| Acceso en línea: | https://doi.org/10.46661/relies.4992 http://hdl.handle.net/10459.1/70137 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Ordenanzas cívicas Ley Mordaza Prohibicionismo suave |
| Sumario: | En España el ejercicio del trabajo sexual no se encuentra regulado. Aunque en el plano político ha triunfado el modelo neoabolicionista que, identificando trata de seres humanos y prostitución, sanciona conductas de explotación de la prostitución y de consumo de servicios sexuales, normativamente dicho modelo se ha adoptado solo en apariencia. El Derecho penal sanciona la determinación a la prostitución y la explotación de la prostitución ajena, aun con el consentimiento de la persona prostituida incluso si esta es mayor de edad, junto a la facilitación de la prostitución de menores de edad y personas discapacitadas necesitadas de especial protección. Sanciona además la compra de servicios de naturaleza sexual y el consumo de pornografía únicamente cuando son prestados por personas menores o discapacitadas. Sin embargo, con el nuevo milenio se ha impuesto un modelo prohibicionista suave de la mano de la aprobación masiva de ordenanzas cívicas que sancionan el ofrecimiento de servicios sexuales en la calle, imponiendo multas tanto a las trabajadoras sexuales como a quienes efectivamente sufren explotación sexual. A ellas se une la Ley Mordaza, que acaba asimismo sancionando a las trabajadoras sexuales que ofrecen sus servicios en la vía pública. La aplicación de estas normas está suponiendo la criminalización del trabajo sexual callejero, sin ofrecer alternativas legales ni abordar adecuadamente la explotación sexual. |
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