Ejecución de las penas en delitos relacionados con la corrupción urbanística. El comiso y otras medidas sancionadoras

En el presente trabajo se examina la problemática de los delitos asociados a operaciones urbanísticas irregulares, en cuanto que vienen acaparando gran parte de la información mediática del último decenio y vienen asociados a una percepción social negativa de práctica impunidad. Varias han sido las...

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Detalles Bibliográficos
Autores: Gómez López, María Isabel, Muñoz Sánchez, Esther
Tipo de recurso: artículo
Fecha de publicación:2017
País:España
Institución:Universidad Villanueva (UV)
Repositorio:DIGI-UV. Repositorio Digital de la Universidad Villanueva
OAI Identifier:oai:digiuv.villanueva.edu:20.500.12766/17
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/20.500.12766/17
Access Level:acceso abierto
Palabra clave:Derecho Administrativo
Corrupción urbanística
Ejecución de las penas
Decomiso
Urban corruption
Enforcement of sentences
Confiscation
Descripción
Sumario:En el presente trabajo se examina la problemática de los delitos asociados a operaciones urbanísticas irregulares, en cuanto que vienen acaparando gran parte de la información mediática del último decenio y vienen asociados a una percepción social negativa de práctica impunidad. Varias han sido las reformas puntuales que el legislador ha introducido en aras a dar cobertura penal a la sanción de tales comportamientos, resultando que el abordaje del fenómeno requiere de un tratamiento más amplio que el meramente punitivo en tanto las penas privativas de libertad asociadas a dichas modalidades de delincuencia requieren para cumplir eficazmente las funciones que les son inherentes que el sistema se dote de las herramientas complementarias que permitan la incautación de las ganancias y beneficios provenientes del delito evitando que la actividad delictiva resulte rentable para las personas criminalmente responsables. Se analizará como las últimas reformas penales y procesales se orientan en dicha dirección previendo medidas como la implementación de la institución del decomiso y creación de la Oficina de Recuperación y Gestión de activos que han supuesto un cambio radical en la regulación sobre la materia, en consonancia con las directrices marcadas por el Derecho de la Unión Europea.