El papel de la víctima menor de edad en el proceso penal español: cuestiones procesales

Las instituciones nacionales y supranacionales y los diferentes ordenamientos jurídicos han venido siendo conscientes de la imperante necesidad de otorgar una protección especial al colectivo de la infancia cuando sus miembros se ven inmersos en un procedimiento judicial, ya sea penal o civil. Ahora...

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Detalhes bibliográficos
Autor: Yáñez García-Bernalt, Irene
Formato: artículo
Estado:Versión publicada
Fecha de publicación:2024
País:España
Recursos:Universidad de Valladolid
Repositorio:UVaDOC. Repositorio Documental de la Universidad de Valladolid
OAI Identifier:oai:uvadoc.uva.es:10324/81661
Acesso em linha:https://doi.org/10.4995/REINAD.2024.19382
https://uvadoc.uva.es/handle/10324/81661
Access Level:acceso abierto
Palavra-chave:Derecho Procesal
víctima
Menor de edad
Vulnerabilidad
Infancia
Protección
Revictimización
Declaración
Prueba
5605.07 Derecho Público
Descrição
Resumo:Las instituciones nacionales y supranacionales y los diferentes ordenamientos jurídicos han venido siendo conscientes de la imperante necesidad de otorgar una protección especial al colectivo de la infancia cuando sus miembros se ven inmersos en un procedimiento judicial, ya sea penal o civil. Ahora bien, cuando el menor ostenta el papel de víctima resulta imprescindible tomar medidas que permitan evitar el fenómeno de la revictimización o victimización secundaria, la cual es una consecuencia adherida al proceso penal. Paulatinamente se han ido incorporando medidas de protección de carácter procesal pero también extraprocesal que permiten minimizar el riesgo del menor durante la sustanciación de la causa. No obstante, no ha sido hasta la llegada de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de Protección Integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, cuando se ha materializado parte de la práctica judicial que ya se estaba llevando a cabo como es la consideración de la declaración del menor como prueba preconstituida sin mermar, eso sí, las garantías del investigado y/o acusado.