La interpretación del concepto "fines religiosos" y la discrecionalidad administrativa
Si en la interpretación del concepto «fines religiosos » -tal como ahora viene haciéndose en la jurisprudencia, aplicando la teoría de los conceptos jurídicos indeterminados- se atiende a su estrecha relación con los intereses generales y a su condición de concepto de valor, la Administración podría...
| Autor: | |
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| Formato: | artículo |
| Fecha de publicación: | 1998 |
| País: | España |
| Recursos: | Universidad Complutense de Madrid (UCM) |
| Repositorio: | Docta Complutense |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:docta.ucm.es:20.500.14352/59758 |
| Acesso em linha: | https://hdl.handle.net/20.500.14352/59758 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palavra-chave: | 348.7 Fines religiosos. Inscripción entidades religiosas. Discrecionalidad adminsitrativa Derecho Derecho eclesiástico Derecho administrativo 56 Ciencias Jurídicas y Derecho 5601 Derecho Canónico 5605.01 Derecho Administrativo |
| Resumo: | Si en la interpretación del concepto «fines religiosos » -tal como ahora viene haciéndose en la jurisprudencia, aplicando la teoría de los conceptos jurídicos indeterminados- se atiende a su estrecha relación con los intereses generales y a su condición de concepto de valor, la Administración podría considerar a los fines asistenciales incluidos dentro de los fines religiosos, a pesar de las sentencias que se han pronunciado en contra, puesto que la valoración de este concepto entraría dentro de sus competencias y los tribunales sólo podrían revisarla en el caso de una manifiesta desviación de poder o apreciación inadecuada de los hechos. Cabe preguntarse cuál de las vías posibles resulta más conveniente: la atribución de la competencia de decisión a un organismo técnico (Comisión Asesora de Libertad Religiosa) -en tal caso, los eventuales conflictos que pudieran surgir serían resueltos de acuerdo con los criterios de la discrecionalidad técnica- o, por el contrario, la definición del concepto «fines religiosos» en el propio texto de la norma, de modo que continúe siendo la DGAR quien decida la adecuación de los fines de la entidad a la nueva definición. Ambas soluciones requieren una modificación del Real Decreto vigente. |
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