Las acciones de indemnización por infracción de las normas de competencia. Especial consideración a la Directiva 2014/104/CE

[spa] El presente trabajo de investigación, presentado como Tesis Doctoral, bajo el título de “Las acciones de indemnización por infracción de las normas de competencia. Especial consideración a la Directiva 2014/104/CE”, centra su atención en el complejo análisis de la tutela sustantiva y procesal...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Jiménez Cardona, Noemí
Tipo de recurso: tesis doctoral
Estado:Versión publicada
Fecha de publicación:2020
País:España
Institución:Universidad de Barcelona
Repositorio:Dipòsit Digital de la UB
OAI Identifier:oai:diposit.ub.edu:2445/174042
Acceso en línea:https://hdl.handle.net/2445/174042
http://hdl.handle.net/10803/670841
Access Level:acceso abierto
Palabra clave:Dret de la competència
Responsabilitat civil
Reparació (Dret)
Dret comunitari i dret intern
Antitrust law
Liability (Law)
Compensation (Law)
Community law and national law
Descripción
Sumario:[spa] El presente trabajo de investigación, presentado como Tesis Doctoral, bajo el título de “Las acciones de indemnización por infracción de las normas de competencia. Especial consideración a la Directiva 2014/104/CE”, centra su atención en el complejo análisis de la tutela sustantiva y procesal del Derecho de la competencia, con especial referencia a los problemas teóricos y prácticos que se plantean, tanto en sede administrativa como jurisdiccional, en orden al ejercicio de las acciones civiles de reparación de los daños y perjuicios que pudieren derivar de los ilícitos antitrust. Tras analizar la conceptualización de la competencia y del Derecho de la competencia, así como su triple dimensión constitucional (institucional, subjetiva y social), se enfrenta la compleja traslación del public enforcement y del private enforcement al ámbito propio del Derecho Procesal. Desde la óptica de la dependencia recíproca entre el Derecho Mercantil y el Derecho Procesal se examinan tanto la regulación antitrust del ordenamiento jurídico estadounidense (rule of reason, per se rule y quick look rule; la persecución de los ilícitos antitrust a cargo de la Antitrust Division; los leniency programs; la interposición de las antitrust damages actions; la legitimación y la construcción de la antitrust injury; la indirect purchaser rule; la passing-on defense; los trebles damages; la institución del discovery; las class actions; y las motions to dismiss y motions to summary judgement); como aquella otra que es propia, por influencia de la Directiva 2014/104/UE, de un largo proceso de armonización, positiva y de mínimos, de las normas de los diferentes Estados miembros de la Unión Europea relativas al Derecho de la competencia, tanto en su vertiente sustantiva como procesal. Finalmente, desde la perspectiva de la transposición a nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva europea de daños, que ha tenido lugar mediante el Real Decreto-ley 9/2017, así como teniendo también presente que no es factible optar por una traslación automática de las soluciones del sistema antitrust norteamericano al ámbito europeo, en especial por lo que hace referencia a aquellos Estados de influencia de civil law; se incorporan, fruto de un amplio y comparado análisis doctrinal y jurisprudencial, relevantes conclusiones acerca, entre otras materias, de su ámbito de aplicación (objetivo, subjetivo y temporal); el derecho al pleno resarcimiento; el régimen de responsabilidad conjunta y solidaria; el plazo para el ejercicio de las acciones de daños; los efectos de las resoluciones de las autoridades administrativas y los órganos jurisdiccionales competentes; la cuantificación de los daños y perjuicios; el nuevo concepto de cártel; las soluciones extrajudiciales en el ámbito del resarcimiento de daños; el régimen de sobrecostes (passing-on); la competencia judicial; la legitimación colectiva y las acciones de clase; las diligencias preliminares; las modalidades de follow-on y stand-alone; la acumulación de acciones; la intervención de terceros; la carga de la prueba; el acceso a las fuentes de prueba; y la coordinación entre procesos judiciales.