Crisis económica y Derecho local

Desde 2007 hasta hoy los gobiernos locales actúan en un contexto de crisis económica. De un lado, las entidades locales sufren la crisis: reducción de ingresos y aumento de la demanda social de gasto. De otro lado, los gobiernos locales actúan como agentes de la política de reactivación económica de...

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Detalhes bibliográficos
Autor: Velasco Caballero, Francisco
Tipo de documento: artigo
Data de publicação:2010
País:España
Recursos:Universidad Autónoma de Madrid
Repositório:Biblos-e Archivo. Repositorio Institucional de la UAM
Idioma:espanhol
OAI Identifier:oai:repositorio.uam.es:10486/664318
Acesso em linha:http://hdl.handle.net/10486/664318
Access Level:Acceso aberto
Palavra-chave:Régimen local
Gobiernos locales
Crisis económica
Financiación local
Licencias municipales
Derecho
Descrição
Resumo:Desde 2007 hasta hoy los gobiernos locales actúan en un contexto de crisis económica. De un lado, las entidades locales sufren la crisis: reducción de ingresos y aumento de la demanda social de gasto. De otro lado, los gobiernos locales actúan como agentes de la política de reactivación económica de los Estados, como gestores de fondos públicos y como facilitadores de la iniciativa empresarial. Como sujetos pasivos de la crisis, los gobiernos locales disponen de escasos instrumentos propios de respuesta: escasa capacidad para mejorar las fuentes de ingreso y cierto margen para actuar sobre el gasto en inversión (aunque no el corriente, muy enfocado a la prestación de servicios a los ciudadanos). Como agentes de la política de reactivación económica las entidades locales están actuando de dos formas. Primero, como gestores de dos «fondos estatales» destinados a financiar contratos de obras, servicios y suministros con empresas que contraten a personas desempleadas. Estos fondos presentan algunos problemas jurídicos, tanto desde el punto de vista de la Ley de Contratos del Sector Público como del orden constitucional de distribución territorial del poder. La segunda forma de actuación local es mediante la progresiva eliminación de las licencias de actividad o apertura que dificultan el inicio de las actividades económicas