El bloqueo de cuentas en México y su impacto en los derechos humanos

El artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito faculta a la Unidad de Inteligencia Finan-ciera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para bloquear cuentas bancarias de clientes que, presuntamente, podrían destinarlas a actos, omisiones u operaciones con recursos de procedencia ilícit...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Alonso Rodríguez, Sergio
Tipo de recurso: artículo
Fecha de publicación:2021
País:España
Institución:Universidad de Huelva (UHU)
Repositorio:Arias Montano. Repositorio Institucional de la Universidad de Huelva
Idioma:español
OAI Identifier:oai:ariasmontano.uhu.es:10272/19302
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/10272/19302
Access Level:acceso abierto
Palabra clave:Derechos humanos
Bloqueo de cuentas
Medidas cautelares
Competencia
Investigación penal
Presunción de inocencia
Human rights
Presumption of innocence
Account blocking
Precautionary measures
Jurisdiction
Criminal investigation
Descripción
Sumario:El artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito faculta a la Unidad de Inteligencia Finan-ciera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para bloquear cuentas bancarias de clientes que, presuntamente, podrían destinarlas a actos, omisiones u operaciones con recursos de procedencia ilícita. La norma fue impugnada a través de juicios de amparo que resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual originó una tesis de jurisprudencia que ha permitido el desbloqueo de muchas cuentas, sobre la base de que la unidad mencionada no actuó en cumplimiento de compromisos internacionales suscritos por México. Ahora bien, cuando la Primera Sala resolvió otro amparo en el que se impugnó el mismo precepto, se concluyó que este es inconstitucional por permitir a la unidad referida que actúe como si fuera competente para investigar y perseguir delitos. En este artículo se sintetizan y comentan ambas resoluciones, que dieron lugar a una contradicción de criterios aún no resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación