Primeras aproximaciones a la Ley reguladora de la protección de la persona informante y de lucha contra la corrupción: sus principales implicaciones desde la perspectiva penal.
La aprobación de la Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción responde a la transposición tardía de la Directiva 2019/1937, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones de Derecho de la Unión...
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| Formato: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2023 |
| País: | España |
| Recursos: | Universidad Pública de Navarra |
| Repositorio: | Academica-e. Repositorio Institucional de la Universidad Pública de Navarra |
| OAI Identifier: | oai:academica-e.unavarra.es:2454/46234 |
| Acesso em linha: | https://hdl.handle.net/2454/46234 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palavra-chave: | Informante Corrupción Protección al informante y garantías de la persona afectada por la información Denuncia anónima Programas de clemencia Whistleblower Corruption Whistleblower protection and guarantees for the person affected by the information Anonymous complaint Leniency programs |
| Resumo: | La aprobación de la Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción responde a la transposición tardía de la Directiva 2019/1937, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones de Derecho de la Unión. La ley pretende proteger frente a posibles represalias a quienes informen, incluso anónimamente, de la existencia de determinadas infracciones en el seno de una entidad pública o privada, regulando del mismo modo los sistemas de información. Esta investigación persigue tres objetivos: en primer lugar, determinar si la Ley de protección a la persona informante amplía los mecanismos de protección con relación a lo establecido en la Directiva. En segundo lugar, si la propuesta recogida en esta ley permite respetar las garantías básicas que deben ser reconocidas a toda persona afectada por la información, sobre todo en el ámbito del proceso penal y, por último, si los mecanismos establecidos en la ley resultan o no adecuados para aproximarse al principal objetivo perseguido por el legislador, esto es, el descubrimiento y la evitación de conductas irregulares, incluidas las delictivas, que inciden sobre todo en el ámbito público. |
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