| Resumo: | La protección jurídica de los hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género ha avanzado significativamente, aunque continúa siendo insuficiente frente a la exposición a entornos violentos. La legislación española ha reforzado el reconocimiento de estos menores como víctimas directas, incorporando medidas específicas que buscan garantizar su seguridad, estabilidad y desarrollo. En este contexto, el principio de interés superior del menor actúa como eje central de la intervención institucional y judicial. Es fundamental que las herramientas legales, como la suspensión de la patria potestad, se apliquen de forma efectiva cuando el progenitor ha ejercido violencia. Estas medidas, junto con protocolos judiciales adecuados, deben servir para proteger a los menores de situaciones de revictimización y garantizar su bienestar emocional. La perspectiva de infancia y la necesidad de escuchar activamente al menor con elementos clave para una respuesta integral. El avance normativo en esta materia pone de relieve la importancia de seguir fortaleciendo el sistema de protección. Aunque se ha dado pasos significativos, aún persisten carencias estructurales y prácticas judiciales dispares.
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