Prospettive per una Unione «sociale» europea: i vincoli di bilancio e la garanzia dei diritti sociali in Italia

El debate sobre la garantía de las prestaciones sociales vinculadas al disfrute de ciertos derechos de origen legislativo, no explícitamente recogidos en el texto constitucional pero reconocidos como “servicios”, tiene raíces en el Estado liberal. Durante la vigencia del Estatuto Albertino, la finan...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Polizzi, Giuseppe Eduardo
Tipo de recurso: capítulo de libro
Fecha de publicación:2020
País:España
Institución:Universidad Complutense de Madrid (UCM)
Repositorio:Docta Complutense
Idioma:italiano
OAI Identifier:oai:docta.ucm.es:20.500.14352/133370
Acceso en línea:https://hdl.handle.net/20.500.14352/133370
Access Level:acceso abierto
Palabra clave:342
Derecho UE, , , ,
Derechos sociales
Reformas
Constitución italiana
Constitución española
Derecho constitucional
5605 Legislación y Leyes Nacionales
Descripción
Sumario:El debate sobre la garantía de las prestaciones sociales vinculadas al disfrute de ciertos derechos de origen legislativo, no explícitamente recogidos en el texto constitucional pero reconocidos como “servicios”, tiene raíces en el Estado liberal. Durante la vigencia del Estatuto Albertino, la financiación de estas prestaciones dependía en gran medida de la discreción del legislador, quien modulaba el gasto social según los objetivos del Estado liberal, sin asumir la promoción social de la persona ni una concepción sustancial de la igualdad. Con la entrada en vigor de la Constitución italiana, muchos de estos servicios liberales se elevaron a derechos constitucionales. La Carta establece un deber específico del Estado de promover y proteger la dignidad humana y garantizar la igualdad sustancial, especialmente para quienes enfrentan obstáculos económicos y sociales, siguiendo lo previsto en el artículo 3, párrafo 2. Además, tras la reforma constitucional de 2001, el artículo 117, párrafo 2, letra m, asigna al Estado la competencia exclusiva para determinar los niveles esenciales de prestaciones relativas a los derechos civiles y sociales, garantizando su homogeneidad en todo el territorio nacional.