Legalidad Penal, sus enemigos y el derecho internacional

[ES] Al incorporar el principio de legalidad penal en las constituciones, puede parecer que la violación de este principio es solo un problema en Estados autoritarios. Sin embargo, sostenemos que esta idea no es correcta. De hecho, bajo el discurso constitucional predominante, especialmente en Améri...

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Detalhes bibliográficos
Autores: García Amado, Juan Antonio, Garzón Cárdenas, Ricardo
Formato: capítulo de livro
Fecha de publicación:2023
País:España
Recursos:Universidad de León
Repositorio:BULERIA. Repositorio Institucional de la Universidad de León
OAI Identifier:oai:buleria.unileon.es:10612/21346
Acesso em linha:https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/14390
https://hdl.handle.net/10612/21346
Access Level:acceso abierto
Palavra-chave:Derecho Internacional Público
Derecho Penal
Filosofía del Derecho
Legalidad penal
Fórmula Radbruch
Robert Alexy
Iusmoralismo
Luigi Ferrajoli
Derecho Internacional
Principle of Legality in Criminal Law
Radbruch’s formula
Iusmoralism
International Law
5602.03 Filosofía del Derecho
5605.05 Derecho Penal
5603 Derecho Internacional
Descrição
Resumo:[ES] Al incorporar el principio de legalidad penal en las constituciones, puede parecer que la violación de este principio es solo un problema en Estados autoritarios. Sin embargo, sostenemos que esta idea no es correcta. De hecho, bajo el discurso constitucional predominante, especialmente en América Latina, es posible mantener formalmente la vigencia del principio de legalidad mientras se legitiman sus violaciones. En este sentido, exploramos las raíces del problema en la fórmula Radbruch y en la teoría iusmoralista del derecho del profesor Robert Alexy, quien ha desarrollado una teoría que permite relativizar el contenido de las normas sin que parezca que se están ignorando. La solución a esta disfuncionalidad se encuentra en una dogmática de derecho penal mínimo y garantista, así como en el cumplimiento de los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos, los cuales sancionan a los Estados que violen garantías fundamentales.