Mecanismos para la ampliación del parque público de vivienda. Entre el urbanismo y la colaboración público-privada
[spa] El artículo 47 de la Constitución señala la obligación que tienen los poderes públicos de garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada. La Administración, en especial las Comunidades Autónomas (pues ostentan la competencia exclusiva en materia de vivienda), deben promover las condicio...
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| Tipo de recurso: | tesis doctoral |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2022 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad de Barcelona |
| Repositorio: | Dipòsit Digital de la UB |
| OAI Identifier: | oai:diposit.ub.edu:2445/203108 |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/2445/203108 http://hdl.handle.net/10803/689205 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Dret a l'habitatge Habitatge públic Planejament urbanístic Cooperació públicoprivada Right to housing Public housing Urban planning Public-private sector cooperation |
| Sumario: | [spa] El artículo 47 de la Constitución señala la obligación que tienen los poderes públicos de garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada. La Administración, en especial las Comunidades Autónomas (pues ostentan la competencia exclusiva en materia de vivienda), deben promover las condiciones necesarias para garantizar este derecho. Sin embargo, durante años, la política de vivienda pública ha sido prácticamente inexistente. Esta falta de actuación por parte de las instituciones, acompañada de la escasa inversión económica en este sector y de un marco jurídico deficiente han propiciado la situación actual, en la que la Administración Pública necesita urgentemente incrementar el parque público de vivienda para cubrir la demanda por parte de la población, cada vez más elevada. Para conseguir un parque público de vivienda amplio, la Administración debe establecer una política de actuación global y disponer de todos los recursos y potestades que tiene a su alcance. Toda esta política debe girar en torno a una figura clave, impulsada desde las instituciones europeas y nacionales: la colaboración público – privada, que debe implantarse para proteger, fomentar y garantizar un interés colectivo: el derecho de acceso a una vivienda digna, adecuada y asequible. |
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