| Sumario: | La problemática jurídica de las viviendas de uso turístico en el contexto de la economía colaborativa es un tema novedoso y complejo. Las viviendas de uso turístico plantean una serie de desafíos y retos legales debido a su naturaleza híbrida, que combina aspectos del derecho inmobiliario, derecho civil, derecho administrativo y derecho turístico. El marco legal existente a menudo no está adaptado a estas nuevas formas de alojamiento, lo que genera lagunas y conflictos normativos. El análisis de estas complejidades legales requiere investigación y estudio académico para desarrollar soluciones y propuestas normativas efectivas. La obra aborda una realidad en evolución, analiza sus implicaciones legales y sociales, y propone soluciones y regulaciones adecuadas para promover un desarrollo turístico sostenible y la protección de los derechos de todas las partes involucradas. Sobre la base del progresivo e imparable éxito alcanzado en los últimos años por el alojamiento de corta estancia en viviendas particulares destinadas a un uso turístico, sobre todo en ciudades con notable afluencia turística, se destaca el impacto social y económico que provoca, afectando directamente a los derechos e intereses de terceros ajenos a la relación contractual, y suscitando graves enfrentamientos y litigios entre los profesionales del sector de alojamiento turístico, los propietarios de las viviendas cedidas en alquiler y las empresas que actúan como soporte de las plataformas de alojamiento colaborativo. La importancia de los derechos en conflicto (derecho a la vivienda, derecho a la libertad de empresa, derecho de propiedad, derecho al medioambiente…), si bien motiva que no sea fácil determinar la prevalencia de unos sobre otros, exige que cualquier limitación y restricción que se imponga a unos en favor de otros esté clara y objetivamente justificada. De forma crítica se analiza la posición de nuestros legisladores que, so pretexto de defender el «interés general» y de luchar contra las «externalidades negativas», identificadas con la saturación de determinados espacios y servicios públicos, con la pérdida de identidad de las ciudades y con el alza de los precios de la vivienda en las áreas centrales, han aprobado normas que exceden claramente de sus competencias limitando en exceso el derecho individual de propiedad y la libertad de empresa.
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