Las relaciones entre el poder ejecutivo y el poder legislativo en Costa Rica: el análisis de la Administración de Figueres

Tesis dirigida por Manuel Alcántara Sáez. Presentada en 2001. Realiza una introducción teórica de naturaleza institucional que respalde el análisis de las relaciones Ejecutivo-Legislativo partiendo de los planteamientos de Linz. Estudia el marco institucional del sistema político de Costa Rica, trat...

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Detalles Bibliográficos
Autor: Cubillo Guevara, Ana Patricia
Tipo de recurso: tesis de maestría
Fecha de publicación:2007
País:España
Institución:Universidad Internacional de Andalucía (UNIA)
Repositorio:UNIA.Repositorio Abierto de la Universidad Internacional de Andalucía
OAI Identifier:oai:dspace.unia.es:10334/52
Acceso en línea:https://hdl.handle.net/10334/52
Access Level:acceso abierto
Palabra clave:Poder ejecutivo
Poder legislativo
Política económica
Costa Rica
Descripción
Sumario:Tesis dirigida por Manuel Alcántara Sáez. Presentada en 2001. Realiza una introducción teórica de naturaleza institucional que respalde el análisis de las relaciones Ejecutivo-Legislativo partiendo de los planteamientos de Linz. Estudia el marco institucional del sistema político de Costa Rica, tratando de ver en qué medida dicho marco ha favorecido las relaciones de consensos entre el Ejecutivo y el Legislativo o, que en ausencia de tales consensos, si ha sido posible la aprobación de la agenda del Ejecutivo, a pesar de que en el caso de Costa Rica los Presidentes poseen pocos recursos extraordinarios. En este sentido, analiza cuales son los factores institucionales que pueden explicar que las relaciones Ejecutivo-Legislativo, en el intento por desarrollar con más o menos éxito una agenda legislativa. Estudia las relaciones Ejecutivo-Legislativo en el caso concreto de un período de Gobierno, la Administración Figueres (1994-1998). Analiza cómo el Gobierno pudo negociar un pacto que en su momento le hizo perder un apoyo partidista significativo, destacando que la búsqueda del consenso sobre la agenda legislativa de la Administración Figueres se hizo inevitable ante la negativa de los diputados a aceptar la agenda del gobierno y el consiguiente retraso en su desarrollo, máxime cuando durante la Administración Calderón (1990-1994) existieron fuertes limitaciones en el desarrollo de la agenda.