Continuidad y cambio en las políticas públicas y sus procesos de implementación: las políticas educativas de descentralización y recentralización en Chile 1980–2018
La presente tesis doctoral expone la corrupción en la contratación pública y, particularmente, en la obra pública, por tratarse de uno de los ámbitos más proclives a las arbitrariedades e irregularidades. El estudio demuestra que las prácticas corruptas se han mantenido inalterables durante décadas,...
| Autor: | |
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| Tipo de recurso: | tesis doctoral |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2021 |
| País: | España |
| Institución: | CBUC, CESCA |
| Repositorio: | TDR. Tesis Doctorales en Red |
| OAI Identifier: | oai:www.tdx.cat:10803/675318 |
| Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/10803/675318 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Polítiques educatives Políticas educativas Educational policies Recentralització Recentralización Recentralization Descentralització Descentralización Decentralization Ciències Socials 3 |
| Sumario: | La presente tesis doctoral expone la corrupción en la contratación pública y, particularmente, en la obra pública, por tratarse de uno de los ámbitos más proclives a las arbitrariedades e irregularidades. El estudio demuestra que las prácticas corruptas se han mantenido inalterables durante décadas, sin que los poderes del Estado instauraran medidas modernas y eficientes para combatirlas. Si bien a lo largo de la historia de la humanidad este comportamiento ha sido objeto de debates y reflexiones por parte de los grandes pensadores, hasta la actualidad no ha existido una única definición de lo que implica la corrupción, pues ello depende, en gran medida, del enfoque que se adopte. Por eso, se pretende fijar el concepto de “corrupción” como una conducta que resulta contraria a la ética, la integridad y el sentido moral. Sobre esa base, se la define como un abuso del poder público, prohibido por las normas de las instituciones, cuyo sujeto activo tiene la finalidad de obtener para sí o para un tercero un beneficio ilegal –que puede ser económico o de otra índole–, en contraposición a los valores de la ética y la integridad pública y privada. Se analizan con detenimiento los daños profundos que provoca esta actividad sistemática, sobre todo en las instituciones, la economía, el capital social comunitario y los derechos humanos. Ciertamente, los sectores más vulnerables de la sociedad son los más perjudicados por la corrupción, pues el dinero que se desvía deja de destinarse a los bienes y servicios básicos para asegurar una vida digna. Para graficar esta problemática, el estudio profundiza en lo que viene sucediendo en la Argentina, donde, desde hace treinta años, ha habido casos emblemáticos de corrupción, sin mayores consecuencias jurídico-penales. En gran medida, ello se debe a la ausencia de controles y contrapesos serios, así como a la falta de respuesta de las instituciones encargadas de prevenir, reprimir y reducir los focos delictuales. Nos centramos en la contratación pública, por ser la forma más usual de contratar con el Estado y por la magnitud de los intereses económicos involucrados. A partir de sus principios rectores, describimos las irregularidades más usuales, para posibilitar su detección de manera temprana y evitar los abusos de la Administración. Asimismo, se identifican los posibles tipos penales aplicables a las situaciones concretas, y se pone énfasis en el delito de asociación ilícita ante casos de corrupción sistemática. Para ello, nos valemos de doctrina nacional e internacional, y de casos jurisprudenciales representativos. Con respecto a la imputación penal, se analiza la posibilidad de aplicar la teoría de Roxin sobre el dominio de la organización. Se trata de un modelo de imputación para la persona que está detrás de la organización y que da las órdenes para que el plan se desarrolle tal como fue concebido. Partiendo de un modelo de independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, se enumera una serie de medidas de prevención y de buenas prácticas en las contrataciones públicas. Además, el estudio reafirma la necesidad de consolidar Gobiernos abiertos y transparentes, juntamente con la incorporación de herramientas tecnológicas, programas de cumplimiento público (public compliance) y unidades éticas en organismos con riesgo de corrupción. En definitiva, este trabajo hace un aporte teórico y práctico a la materia y sienta las bases para la construcción de una cultura de la ética y la integridad. Así, los principios del Estado de derecho confluyen en postulados y medidas que impregnan la función pública y las instituciones de rectitud y transparencia. |
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