Análisis prospectivo del alertador en el ámbito de la justicia ambiental a la luz del anteproyecto de ley que transpone la directiva (UE) 2019/1937

[ES] Entre los temas que más preocupan a la ciudadanía europea en la actualidad encontramos el medio ambiente, y no es de extrañar, dado que, según el estado de nuestros conocimientos actuales, la propia pervivencia del ser humano y por supuesto el disfrute de los bienes colectivos por parte de las...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Yugueros Prieto, Nerea
Tipo de recurso: capítulo de libro
Estado:Versión publicada
Fecha de publicación:2023
País:España
Institución:Universidad de León
Repositorio:BULERIA. Repositorio Institucional de la Universidad de León
OAI Identifier:oai:buleria.unileon.es:10612/26199
Acceso en línea:https://www.colexopenaccess.com/libros/justicia-sociedad-4-0-nuevos-retos-siglo-xxi-3669
https://hdl.handle.net/10612/26199
Access Level:acceso abierto
Palabra clave:Derecho Procesal
Ecología. Medio ambiente
Medio ambiente
Transposición
Directiva (UE) 2019/1937
Alertador
Whistleblower
Justicia ambiental
5605.07 Derecho Público
5902.08 Política del Medio Ambiente
Descripción
Sumario:[ES] Entre los temas que más preocupan a la ciudadanía europea en la actualidad encontramos el medio ambiente, y no es de extrañar, dado que, según el estado de nuestros conocimientos actuales, la propia pervivencia del ser humano y por supuesto el disfrute de los bienes colectivos por parte de las generaciones venideras están seriamente amenazados. No es un secreto que en el contexto internacional es posible hablar, desde aproximadamente mediados del pasado siglo XX, de un sector del ordenamiento jurídico —el Derecho Ambiental— que parte de la conciencia sobre la grave situación ecológica global, si bien su conformación no es fácil de referir, principalmente por la multiplicidad de fuentes que lo conforman, entre las que podemos incluir a Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, cuya transposición deviene obligada para todos los Estados miembros.