Leyes contra el maltrato animal en Francia y España

El presente artículo ha sido publicado originalmente en inglés por el Animal Legal & Historical Web Center como parte de la Beca de Investigación 2013 del Animal Legal Defense Fund. En cuanto a la protección jurídica de los animales, las legislaciones de Francia y España están basadas en la trad...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Lelanchon, Loïs Laimene
Tipo de recurso: artículo
Fecha de publicación:2014
País:España
Institución:Universitat Autònoma de Barcelona
Repositorio:Dipòsit Digital de Documents de la UAB
Idioma:español
OAI Identifier:oai:ddd.uab.cat:189973
Acceso en línea:https://ddd.uab.cat/record/189973
https://dx.doi.org/urn:doi:10.5565/rev/da.112
Access Level:acceso abierto
Descripción
Sumario:El presente artículo ha sido publicado originalmente en inglés por el Animal Legal & Historical Web Center como parte de la Beca de Investigación 2013 del Animal Legal Defense Fund. En cuanto a la protección jurídica de los animales, las legislaciones de Francia y España están basadas en la tradición de derecho romano y encuentran dificultades separándose del concepto de animal-objeto. Al principio, la protección penal se inició en ambos países sobre la fundación de la protección de moralidad pública. Más tarde, las provisiones penales que se relacionan con la crueldad intencional hacia los animales se formaron alrededor de la noción de maltrato. La sociedad consiguió reconocer el derecho para los animales de no ser maltratados. Sobre la marcha, Francia y España aumentaron el alcance de animales protegidos, yendo de animales exclusivamente domésticos a algunos tipos de animales silvestres. El alcance de los hechos humanos incriminados también ha sido ampliado, introduciendo con cada reforma nuevos conceptos. Paralelamente, la jurisprudencia siguió trayendo nuevos desafíos en cuanto a la interpretación de provisiones a menudo generales y vagas. Al mismo tiempo, prácticas crueles obvias, relacionadas con la tradición, se han beneficiado de derogaciones a las provisiones penales, debilitando el valor legal y la coherencia de las leyes contra el maltrato animal.