Diez años desde la aprobación de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común: motivos para su reforma
Al cumplirse el décimo aniversario de la Ley 39/2015, del Procedimiento administrativo común de las Administraciones Pública (LPAC) se revela tarea imprescindible hacer balance y, con él, un replanteamiento en profundidad de las instituciones y figuras que regula, con el objetivo de subsanar los sil...
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| Tipo de recurso: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2024 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad de Jaén |
| Repositorio: | RUJA. Repositorio Institucional de la Producción Científica de la Universidad de Jaén |
| OAI Identifier: | oai:ruja.ujaen.es:10953/4810 |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/10953/4810 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Procedimiento administrativo Caducidad Suspensiones Denunciantes Subsanaciones Notificaciones Reconocimiento de responsabilidad y pago anticipado 342.047 Ley 39/2015 |
| Sumario: | Al cumplirse el décimo aniversario de la Ley 39/2015, del Procedimiento administrativo común de las Administraciones Pública (LPAC) se revela tarea imprescindible hacer balance y, con él, un replanteamiento en profundidad de las instituciones y figuras que regula, con el objetivo de subsanar los silencios, clamorosas omisiones, lagunas e interpretaciones divergentes que provocó la defectuosa técnica legislativa empleada en su elaboración y el apresuramiento con que fue elaborada. Este trabajo pretende poner de manifiesto los aspectos más relevantes y que mayor incidencia presentan respecto del sistema de derechos y garantías de los interesados en el procedimiento y cuya regulación debe mejorarse en una reforma necesaria y en la que debería añadirse seguridad jurídica y trato homogéneo a todos los ciudadanos en su relación con las administraciones públicas. A tal fin el trabajo aborda cuestiones nucleares del procedimiento como la interpretación que ha de darse a los plazos procedimentales en la suspensión por petición de informe o con la caducidad de los procedimientos sancionadores y restrictivos de derechos superando así la omisión de la LPAC, que no determina el grado de invalidez que afecta a la resolución extemporánea ni tampoco las actuaciones ulteriores que proceden por parte de la Administración que incumplió el plazo de resolución. También se propone añadir nuevos supuestos en que el denunciante ha de considerarse con legitimación como interesado y que no aparecen contemplados en la LPAC, lo que contrasta con la consideración que le dispensa al denunciante cuando es delator. Respecto de la subsanación –sobre todo, electrónica- se propone una interpretación que evite las contradictorias interpretaciones a que la redacción legal da lugar. Y lo mismo cabe afirmar respecto del reconocimiento de responsabilidad y “pronto pago” de las sanciones, cuya regulación legal resulta manifiestamente mejorable. |
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