Las rentas autonómicas como complemento al ingreso mínimo vital: su eficacia contra la pobreza

[ES] La Comunidad Económica Europea mantenía una elevada preocupación desde 1975 por el problema de la lucha contra la pobreza y la exclusión, hecho corroborado por la existencia de una serie de proyectos y programas piloto —que dada la ausencia de base jurídica fueron altamente cuestionados— en los...

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Detalles Bibliográficos
Autor: Ordóñez Pascua, Natalia
Tipo de recurso: capítulo de libro
Estado:Versión publicada
Fecha de publicación:2022
País:España
Institución:Universidad de León
Repositorio:BULERIA. Repositorio Institucional de la Universidad de León
OAI Identifier:oai:buleria.unileon.es:10612/24476
Acceso en línea:https://www.colexopenaccess.com/libros/economia-social-desarrollo-sostenible-3318
https://hdl.handle.net/10612/24476
Access Level:acceso abierto
Palabra clave:Derecho
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Rentas autonómicas
Ingreso Mínimo Vital
IMV
Pobreza
Política social
56 Ciencias Jurídicas y Derecho
5605.08 Derecho Privado
Descripción
Sumario:[ES] La Comunidad Económica Europea mantenía una elevada preocupación desde 1975 por el problema de la lucha contra la pobreza y la exclusión, hecho corroborado por la existencia de una serie de proyectos y programas piloto —que dada la ausencia de base jurídica fueron altamente cuestionados— en los que entraban en juego, además, el reconocimiento de un amplio abanico de derechos del hombre y del ciudadano. Con estas mimbres, el primer paso hacia el reconocimiento autónomo de un derecho que ofrezca protección ante las situaciones de pobreza y de exclusión social es relativamente reciente por cuanto encuentra su consagración en el art. 30 de la Carta Social Europea revisada de 1996, disposición que institucionaliza y ofrece cierta cobertura y reconocimiento jurídico de la virtud de la caridad. La intervención en esta materia a nivel europeo parte de la constatación de la realidad de una clara insuficiencia en la gestión nacional eminentemente asistencial de la lucha contra las nuevas formas de pobreza y exclusión social. En la misma dirección, en 1998 el Parlamento Europeo recomienda la instauración de una renta mínima garantizada que viene apoyada por las diferentes actuaciones de UE tendentes a que los Estados miembros intensifiquen su lucha contra la pobreza y la exclusión social, valores reforzados en 1999 con la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam, que consagraba la erradicación de la exclusión social como objetivo de la política social comunitaria.