| Sumario: | Contribuir a la búsqueda de una alternativa al esquema diálogo/guerra que gobierna la política y la cultura de paz en Colombia es el propósito central de este trabajo. La tesis que desarrolla sostiene que la paz requiere un derecho de nuevo tipo, construido en función de la convivencia. Su fundamentación empírica se basa en el análisis de la legalidad surgida como consecuencia de la negociación política para la paz, particularmente la de experiencias consideradas exitosas como la centroamericana. Precisamente, uno de los grandes problemas de la paz de esta región deriva de la respuesta jurídica que se construyó. Si bien se aprobaron normas para acompañar la política hacía el pasado, para intentar alcanzar el monopolio del uso de la fuerza, para incorporar a la vida social y política a las personas afectadas por el conflicto armado y a muchos de sus protagonistas, también se aprobaron otras para acompañar las políticas de participación, la de protección de los derechos humanos y la judicial, el derecho que acompañó a la paz ha sido del mismo tipo de aquel que contribuyó al surgimiento o convivió con la violencia y los conflictos armados. Desde el punto de vista teórico, la perspectiva de la convivencia intenta articular derechos humanos, ciencias de la paz, la teoría de la solución pacífica de los conflictos, el paradigma socioconstructivista, la Criminología Crítica, la teoría jurídica para la democracia, la Economía Pública, el Estado de Bienestar y la teoría de los riesgos sociales. La convivencia no ha ocupado en nuestro ámbito el lugar social y teórico que ha alcanzado en otros espacios culturales y sociales. Tradicionalmente el trabajo teórico y empírico centra su atención en el problema social de la violencia, en la explicación causal de esta problemática, y en la elaboración de respuestas para hacer frente a la causalidad detectada. Por su parte, la mayoría de programas de trabajo en derechos humanos giran en torno a la gestión de los problemas sociales que producen sus violaciones, tal como sucede en el caso de las víctimas, los desplazados y refugiados, el derecho internacional humanitario, la desaparición forzada, la población privada de libertad, las comisiones de la verdad, la justicia transicional, la impunidad y el sistema penal, entre otros. Finalmente, experiencia y reflexión teórica se juntan para formular una propuesta de paz para Colombia centrada en la puesta en marcha de una nueva vivencia social con el derecho y sus instituciones. Un programa de política del derecho para la convivencia que supone, entre otras cosas, una transformación de la cultura penal, la separación progresiva del trabajo en derechos humanos del derecho penal, el diseño de un sistema jurídico e institucional con capacidad para gestionar riesgos sociales, el establecimiento de límites a la política como profesión, la protección social y legal de la familia así como del mínimo común que compartimos los colombianos. Si bien un programa de esta naturaleza supone cambios en la organización social, jurídica e institucional del país, más que de una utopía, se trata de una alternativa viable tanto técnica como económicamente. Y está dirigido a convocar a la sociedad y familias colombianas en torno suyo pues los derechos y libertades no se sostienen por sí solos
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