Reflexiones sobre la obligatoriedad de las órdenes de alejamiento en determinados delitos

En la actualidad parece estar fuera de toda duda que, en ocasiones, durante la investigación de un hecho delictivo o tras la condena por el mismo, es necesario imponer un distanciamiento físico, de mayor o menor duración, entre el infractor y la víctima. Para neutralizar la peligrosidad del primero,...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Mayordomo Rodrigo, Virginia
Tipo de recurso: artículo
Fecha de publicación:2009
País:España
Institución:Universidad del País Vasco
Repositorio:Addi. Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
OAI Identifier:oai:addi.ehu.eus:10810/24955
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/10810/24955
Access Level:acceso abierto
Palabra clave:distanciamiento físico
urruntze fisikoa
distanciation physique
physical distancing
orden de alejamiento
urruntzeko agindua
ordonnance de protection
restraining order
violencia de género
genero indarkeria
violence de genre
gender violence
España
Espainia
Espagne
Spain
evolución jurídica
eboluzio juridikoa
evolution juridique
legal evolution
Descripción
Sumario:En la actualidad parece estar fuera de toda duda que, en ocasiones, durante la investigación de un hecho delictivo o tras la condena por el mismo, es necesario imponer un distanciamiento físico, de mayor o menor duración, entre el infractor y la víctima. Para neutralizar la peligrosidad del primero, para preservar la seguridad de la víctima y para evitarle, además, que su simple visión aumente el daño causado, a veces irreparable. No hace falta una gran dosis de imaginación para comprender el sufrimiento de quien es objeto de determinados delitos, y tiene que añadir a su dolor y a su miedo la rabia por cruzarse a menudo con el causante del mal. Pensadas inicialmente para proteger a las víctimas de la violencia doméstica, con ellas se abrió un amplio campo de aplicación práctica también respecto a otras infrac- ciones, entre ellas las cometidas por organizaciones terroristas. A fi nales de 2005, el Comisionado para las Víctimas del Terrorismo, Gregorio Peces-Barba, pidió a los jueces la imposición de medidas de alejamiento para evitar la situación “perversa” de que condenados por terrorismo, tras haber cumplido condena, pudieran vivir o trabajar cerca de sus víctimas.