La Fiscalía Europea
La protección de los intereses financieros de la Unión Europea a través del derecho penal ha sido un reto de difícil consecución. Con el fin de darle una solución orgánica y procedimental a esta cuestión, en el Tratado de Lisboa, los Estados miembros pactaron introducir la potestad de la Unión Europ...
| Autor: | |
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| Tipo de recurso: | tesis doctoral |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2018 |
| País: | España |
| Institución: | CBUC, CESCA |
| Repositorio: | TDR. Tesis Doctorales en Red |
| OAI Identifier: | oai:www.tdx.cat:10803/664961 |
| Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/10803/664961 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Institucions de la Unió Europea Instituciones comunitarias Institucions of the European Union Integració europea Integración europea European federation Dret penal europeu Derecho penal europeo Criminal law (European Union law) Fiscals Fiscales Prosecutor's office Delictes financers Delitos financieros Financial crimes Ciències Jurídiques, Econòmiques i Socials 341 |
| Sumario: | La protección de los intereses financieros de la Unión Europea a través del derecho penal ha sido un reto de difícil consecución. Con el fin de darle una solución orgánica y procedimental a esta cuestión, en el Tratado de Lisboa, los Estados miembros pactaron introducir la potestad de la Unión Europea para crear una Fiscalía Europea competente para la investigación de los delitos que afecten a los intereses financieros de la Unión. Tras más de cuatro años de negociaciones y ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo unánime, finalmente la Fiscalía Europea se crea en 2017 por cooperación reforzada. Se trata de un nuevo órgano de la Unión Europea con una naturaleza jurídica compleja, derivada de la singularidad de sus características estructurales, del ámbito material en el que debe funcionar, así como de los instrumentos jurídicos que le dotan de competencias. La Fiscalía Europea ostenta el ius puniendi en el proceso penal, aunque la resolución corresponderá a los órganos judiciales competentes de los Estados miembros. Este funcionamiento ad hoc comporta un régimen jurídico mixto, compuesto, tanto por normas emanadas del derecho de la Unión Europea, como de normas de naturaleza nacional. Su entrada en funcionamiento aún está por definirse, aunque no será antes de noviembre de 2020 por lo que aún quedan algunas cuestiones pendientes de concretar. |
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