Garantizando los derechos de las personas mayores en el mundo laboral: una respuesta a la brecha digital

La denominada Cuarta Revolución Industrial ha traído consigo una disrupción tecnológica que ha afectado al Estado del Bienestar. Y, a pesar de sus beneficios, los rápidos avances que la caracterizan han dejado a algunos trabajadores incapaces de realizar tareas que requieren habilidades digitales. P...

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Detalles Bibliográficos
Autor: Pérez López, José Iván
Tipo de recurso: artículo
Estado:Versión publicada
Fecha de publicación:2023
País:España
Institución:Universidad de Sevilla (US)
Repositorio:idUS. Depósito de Investigación de la Universidad de Sevilla
OAI Identifier:oai:idus.us.es:11441/154012
Acceso en línea:https://hdl.handle.net/11441/154012
https://doi.org/10.12795/TPDM.2023.i7.06
Access Level:acceso abierto
Palabra clave:Brecha digital
Personas mayores
Discriminación
Género
Tecnología
Digital divide
Old people
Discrimination
Gender
Technology
Descripción
Sumario:La denominada Cuarta Revolución Industrial ha traído consigo una disrupción tecnológica que ha afectado al Estado del Bienestar. Y, a pesar de sus beneficios, los rápidos avances que la caracterizan han dejado a algunos trabajadores incapaces de realizar tareas que requieren habilidades digitales. Por lo tanto, es crucial que las políticas públicas se enfoquen en la educación y formación de las personas trabajadoras para adaptarse a las demandas del nuevo mercado laboral. La brecha di-gital, especialmente en áreas STEM y competencias TIC, es evidente y afecta más a ciertos grupos, como el de las personas mayores y el de las mujeres. Esta brecha, resultado de la digitalización, necesita políticas específicas que aborden sus implicacio-nes sociales, especialmente en el ámbito laboral. A través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se han impulsado políticas para un mercado laboral dinámico, resiliente e inclusivo, modernizando las estrategias públicas para poder adaptarnos a la nueva y compleja realidad laboral, social y tecnológica. Dichas propuestas se centran en varios ejes que incluyen nuevos objetivos en políticas activas de empleo por parte de los Estados miembros, destacando la atención a la brecha digital. Desde una perspectiva jurídica, se analizará el contenido de estos programas para contribuir al esclarecimiento y encaje normativo, armonizando con los valores y principios de los Estados miembros y el ordenamiento jurídico español.