Los delitos contra la Patria en el primer tercio del siglo XX

El punto de partida de nuestro estudio se ubica en la ley de 1 de enero de 1900, que incorporó en el Código penal vigente de 1870 los ataques contra la integridad de la nación española y las incitaciones a la independencia de alguna parte de ella. Esta medida estuvo dirigida contra los emergentes na...

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Detalhes bibliográficos
Autor: Pino Abad, Miguel
Tipo de documento: artigo
Data de publicação:2020
País:España
Recursos:Universidad de Córdoba
Repositório:Helvia. Repositorio Institucional de la Universidad de Córdoba
OAI Identifier:oai:helvia.uco.es:10396/20465
Acesso em linha:http://hdl.handle.net/10396/20465
Access Level:Acceso aberto
Palavra-chave:Separatismo
Patria
Ejército
Siglo XX
Derecho
Separatism
Homeland
Army
20th century
Law
Descrição
Resumo:El punto de partida de nuestro estudio se ubica en la ley de 1 de enero de 1900, que incorporó en el Código penal vigente de 1870 los ataques contra la integridad de la nación española y las incitaciones a la independencia de alguna parte de ella. Esta medida estuvo dirigida contra los emergentes nacionalismos vasco y catalán. En 1905, tras el triunfo en las elecciones municipales de los separatistas en Cataluña, el Gobierno de Montero Ríos presentó un proyecto de ley para suspender las garantías constitucionales en ese territorio. Las críticas recibidas forzaron su salida y la formación de un nuevo Ejecutivo, presidido por Moret. El acuerdo de éste con Maura permitió la aprobación de la ley de 23 de marzo de 1906, que transfirió a los tribunales militares el conocimiento de las ofensas cometidas contra las fuerzas armadas o la Patria. La siguiente manifestación normativa se produjo con el decreto de 18 de septiembre de 1923, donde se ratificó la competencia de los tribunales militares sobre esta cuestión, como también se volvió a hacer en el real decreto de 17 de marzo de 1926 y de ahí pasó a los artículos 230 y 231 del Código penal de 1928. Finalmente, el decreto de 18 de mayo de 1931, promulgado el mes siguiente a la proclamación de la II República, derogó el citado de 1926 sobre represión de hechos considerados como actos de separatismo.