La acción por incumplimiento y la acción de incumplimiento en el ordenamiento jurídico ecuatoriano a partir de la vigencia de la Constitución del 2008: Análisis de casos prácticos

La Acción por incumplimiento, es uno de los instrumentos más importantes de tutela de derechos y al tener el rango de garantía jurisdiccional, conmina al Estado a garantizar la real vigencia de los Derechos Humanos. Por otra parte, la Corte Constitucional estableció a través de una regla jurispruden...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Averos Jaramillo, Ruth Susana
Tipo de recurso: tesis de maestría
Estado:Versión publicada
Fecha de publicación:2013
País:Ecuador
Institución:Universidad del Azuay
Repositorio:Repositorio Universidad del Azuay
Idioma:español
OAI Identifier:oai:dspace.uazuay.edu.ec:datos/2571
Acceso en línea:http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/2571
Access Level:acceso abierto
Palabra clave:ACCIÓN POR INCUMPLIMIENTO
SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO SENTENCIAS CONSTITUCIONALES
APLICACIÓN NORMAS JURÍDICAS
Descripción
Sumario:La Acción por incumplimiento, es uno de los instrumentos más importantes de tutela de derechos y al tener el rango de garantía jurisdiccional, conmina al Estado a garantizar la real vigencia de los Derechos Humanos. Por otra parte, la Corte Constitucional estableció a través de una regla jurisprudencial una garantía denominada acción de incumplimiento de sentencias y dictámenes constitucionales. Por lo que es necesario establecer las diferencias entre estas dos garantías, que se caracterizan por las distintas finalidades que persiguen la una y la otra, ya que operan ante distintos escenarios jurídicos : la acción por incumplimiento garantiza la aplicación de las normas y el cumplimiento, pero de sentencias o informes de organismos internacionales, mientras que la acción de incumplimiento de sentencias y dictámenes constitucionales, tiene como fin el cumplimiento de sentencias emitidas por la Justicia Constitucional Ecuatoriana y no por organismos internacionales, además esta última persigue una sanción al incumplidor de una sentencia constitucional.