Vulneración al debido proceso ante la prohibición de impugnar la resolución de archivo del caso

La Constitución de la República del Ecuador (CRE), reúne un conjunto de preceptos internacionalmente recogidos, entre los que se encuentra el debido proceso, que se presenta como una garantía a todos los aspectos que comporta la jurisdicción y el acceso a ella, como lo es la posibilidad de impugnaci...

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Detalles Bibliográficos
Autor: Anchatuña Culqui, Jaime Hernán
Tipo de recurso: tesis de maestría
Estado:Versión publicada
Fecha de publicación:2022
País:Ecuador
Institución:Universidad Regional Autónoma de los Andes
Repositorio:Repositorio Universidad Regional Autónoma de los Andes
Idioma:español
OAI Identifier:oai:dspace.uniandes.edu.ec:123456789/14728
Acceso en línea:https://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/14728
Access Level:acceso abierto
Palabra clave:ARCHIVO DEL CASO
FUNCIÓN DEL FISCAL
DEBIDO PROCESO
DERECHO COMPARADO
Descripción
Sumario:La Constitución de la República del Ecuador (CRE), reúne un conjunto de preceptos internacionalmente recogidos, entre los que se encuentra el debido proceso, que se presenta como una garantía a todos los aspectos que comporta la jurisdicción y el acceso a ella, como lo es la posibilidad de impugnación de cualquiera decisión que quebrante derechos de las personas. En este contexto proteccionista, se enmarca el Código Orgánico Integral Penal (COIP), en el cual se consagra la figura del archivo del caso, que opera a solicitud del fiscal y aceptado por el juez de garantía, cuando se han cumplido los plazos para la investigación, y no se han obtenido elementos suficientes para la formulación de cargos, así como, cuando el hecho investigado no constituye delito o existe algún obstáculo legal insubsanable para el inicio del proceso, la decisión del juez donde acuerda el archivo no es susceptible de impugnación, por lo que se vulneraría el referido debido proceso. En la investigación se analiza por medio de la metodología del derecho comparado, la figura del archivo del caso y la posible vulneración del debido proceso cuando es aceptado, ya que no se termina el proceso, sino que queda en suspenso hasta que existan pruebas que, sin llegar a ser contundentes, evidencian la comisión del hecho.