| Sumario: | Es incuestionable que el juicio en ausencia constriñe el derecho de toda persona implicada en un proceso penal a hallarse presente en la etapa de Juicio, que es la etapa con la que se concluye el proceso, para defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección, así como también a interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo, como garantiza el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. No puede sostenerse que el derecho a estar presente en el juicio es un derecho renunciable, una facultad o atribución de la que se puede o no hacer uso, teniendo como contrapartida el deber del Estado de hacer comparecer al encausado, inclusive, haciendo uso de las medidas cautelares como la prisión preventiva. Quien no está presente en el Juicio no puede defenderse personalmente ni puede ser asistido por un defensor de su elección; la designación de un defensor de oficio o un defensor público para juzgar al procesado ausente o prófugo es una bufonada para disimular el derecho a la defensa, consustancial con la garantía del debido proceso. ¿Cómo puede defender apropiadamente un defensor que jamás ha tenido contacto, de ninguna naturaleza, con el defendido ausente o prófugo? De ahí, la necesidad de realizar este trabajo de investigación.
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